El anuncio de la reducción del 48 por ciento en homicidios dolosos debería ser objeto de euforia semejante a los triunfos de la selección de futbol. Aunque la disminución esté lejos de los niveles de El Salvador, donde Nayib Bukele bajó este delito en 98 por ciento, México lo logró sin la violación masiva a los derechos humanos. Bukele encarceló a entre 70 mil y 90 mil personas, y miles de esas detenciones fueron arbitrarias; mandó inocentes a prisión, con casos de tortura y, para el tamaño de El Salvador, tiene al sistema penitenciario hipertrofiado.
En cambio, la estrategia mexicana tiene un importante componente de atención a las causas. Los programas sociales han sido fundamentales para alejar a los jóvenes del sicariato y la venta de droga.
Si la oposición y los medios regatean el inmenso logro para México que significa la reducción de 48 por ciento de los homicidios, es porque la polarización los ha llevado a querer vendernos el modelo Bukele-Milei (mano dura y cuestionamiento a los programas sociales), pero fingiendo solidaridad con las madres buscadoras. Un cocktail amargo de punitivismo, tacañería cínica y compasión focalizada. A partir de los triunfos recientes de la derecha en Colombia y Perú, la oposición mexicana cree que la receta del triunfo electoral consiste en amplificar el miedo y mostrar determinación contra el crimen.
• El ocurrente
Pero también se ha requerido determinación para implementar la estrategia que le ha funcionado a México. La ampliación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa (PPO) es cuestionada, pero contribuye a explicar una parte del éxito de la reducción del 48 por ciento de los homicidios.
No es el motor único del encarcelamiento de 59 mil presuntos criminales (importa tanto o más la inteligencia, la coordinación federal-fiscalías y el despliegue de fuerzas). Pero sin duda la PPO está jugando un papel, porque la mayor parte de los homicidios en México están ligados al crimen organizado y, por lo tanto, a ajustes de cuentas entre grupos, a narcomenudeo y extorsión. La PPO ha incidido en esos tres delitos. Cuando se desata una guerra entre facciones, se detiene a sujetos de ambos bandos y se les aplica la PPO. Cuando un cártel lanza una ofensiva criminal para controlar una ciudad, lo mismo.
En resumen, mientras en El Salvador encarcelaron a decenas de miles que tenían tatuajes y eran pobres, en México se ha combinado la PPO con programas sociales para los jóvenes, con inteligencia y coordinación de las fiscalías locales con el Gobierno federal. Eso no significa que la estrategia sea perfecta. La prisión preventiva oficiosa sigue planteando dilemas constitucionales y de derechos humanos, pues implica privar de la libertad a personas que aún no han sido condenadas. Es indispensable que, mientras exista, se acompañe de investigaciones sólidas, ministerios públicos profesionales y jueces capaces de evitar abusos. La eficacia nunca debe convertirse en un cheque en blanco.
Sin embargo, tampoco puede ignorarse la evidencia cuando los resultados empiezan a consolidarse. Llegamos a pensar que México estaba condenado a una espiral interminable de violencia. Hoy, los indicadores apuntan en sentido contrario.
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