El proceso de revisión del T-MEC es mucho más que la materia comercial. Es, ni más ni menos, la definición del futuro de América del Norte. Mientras que México busca conservar ventajas para las autopartes, el agro, el acero y el aluminio para mantenerse como punta de lanza en exportaciones; Estados Unidos, en cambio, ve el tratado como una herramienta que ha aumentado la producción de forma desequilibrada para México y como un instrumento perfecto para obtener cooperación en frentes distintos a los comerciales.
No es algo nuevo, pero ahora existe una confirmación tajante. Washington pretende negociar prácticamente toda la relación bilateral: automóviles, acero y agricultura, pero también seguridad fronteriza, migración y hasta el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
Un día antes de viajar a México, Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, compareció ante el Comité de Finanzas del Senado. Ahí respondió al senador republicano por Texas, John Cornyn, que sería difícil para Donald Trump aceptar la renovación del T-MEC si México no coopera en todas las áreas de la relación. Cornyn llevaba meses presionando para incorporar la entrega de agua del Río Bravo a la revisión comercial. La respuesta confirmó que aunque no sea materia comercial, nada está completamente fuera de la mesa.
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México y Canadá aspiraban a extender el tratado por otros 16 años. Estados Unidos se negó el pasado 1 de julio y con ello se activaron revisiones anuales hasta 2036. Si bien el T-MEC sigue vigente, políticamente, entramos en un proceso donde la posibilidad de extenderlo siempre estará acompañada de la posibilidad de nuevas presiones de Washington.
Greer adelantó que espera alcanzar “arreglos provisionales” antes de terminar 2026, aunque reconoció que los asuntos más complejos (reglas de origen automotrices y compromisos laborales y ambientales), probablemente se prolongarán hasta 2027. La tercera ronda bilateral, celebrada esta semana en la Ciudad de México, abordó acero, aluminio, automóviles, seguridad económica, agricultura, trabajo y servicios de pagos electrónicos. Mientras que las conversaciones fluyen, la volatilidad política merma cualquier tipo de certidumbre y previsibilidad.
Incluso con una extensión del tratado, no se eliminaría la volatilidad política. Trump ha impuesto, retirado y modificado aranceles contra sus propios socios, utilizando disposiciones de seguridad nacional y otros instrumentos para brincar las reglas del tratado. Canadá acaba de recibir una nueva amenaza arancelaria mientras el acuerdo permanece vigente. Ni siquiera una renovación eliminaría por completo la inestabilidad.
El principal argumento estadounidense es el déficit comercial de bienes con México, cercano a 197 mil millones de dólares en 2025. Para Trump, esa cifra demuestra que el tratado favorece a México a costa de los trabajadores estadounidenses. La explicación funciona políticamente, sobre todo en regiones industriales donde la pérdida de empleos y el cierre de plantas alimentan la narrativa trumpista.
Económicamente, el argumento es más débil de lo que sugiere la cifra. El déficit bilateral muestra que Estados Unidos compra a México más de lo que le vende, pero no quién se beneficia de la relación. Parte de esas importaciones contiene insumos estadounidenses. Además, el déficit total refleja factores internos: una economía que consume e invierte más de lo que ahorra tiende a importar más. Por eso, un arancel puede cambiar al proveedor sin corregir el desequilibrio agregado.
Eso no invalida las preocupaciones de Washington. Existen problemas reales de transbordo, contenido chino, trazabilidad y cumplimiento de reglas de origen que México debe atender. Pero cerrar huecos y fortalecer las cadenas regionales es distinto a exigir contenido exclusivamente estadounidense o convertir cada diferencia bilateral en una condición para mantener abierto el mercado norteamericano.
El déficit se ha convertido en un instrumento político, más que un argumento económico. Es el cimiento de un muro comercial que Estados Unidos amenaza con levantar: hecho de aranceles, cuotas, aranceles aplicados al margen del tratado y las amenazas constantes de Trump. El gobierno de Trump puede presentarse ante su base como el presidente que obliga a México y Canadá a negociar una y otra vez, aunque las cadenas productivas estadounidenses también paguen el costo.
México ha hecho bien en mantener una interlocución pragmática y evitar la confrontación pública. Pero ese diálogo y buena relación, no alcanzan para promover una imagen de certidumbre y previsibilidad. Aun con una extensión futura del T-MEC, las formas de Trump pueden modificar lo ya acordado, lo ya firmado y lo vigente. El reto no es sólo conservar el tratado, sino evitar que sea el pretexto de revisar permanentemente la relación bilateral con un sesgo evidente para Estados Unidos.
