Nicaragua: “Aquí no volverá a haber elecciones”

Hace unos días, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, pronunció una frase que no admite metáforas: “Aquí no volverá a haber elecciones”. No fue un exabrupto. Fue el anuncio del siguiente paso de una dictadura familiar.

El mandatario, de 80 años, gobierna sin interrupción desde hace casi dos décadas y debía someter su continuidad en el cargo a votación en noviembre de 2027. No explicó cómo eliminará los comicios, pero sí el objetivo: evitar que “intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Tampoco necesitó explicar la ruta para hacer creíble la amenaza, pues la Asamblea Nacional, controlada por su partido, anunció inmediatamente que preparará las reformas necesarias para cumplirla.

La fecha completó la ironía. Ortega habló el 19 de julio, durante el aniversario 47 de la revolución que en 1979 derribó a Anastasio Somoza Debayle. La familia Somoza había gobernado Nicaragua durante más de cuatro décadas mediante elecciones simuladas, represión y control patrimonial del Estado. Ahora, el antiguo guerrillero que combatió la dictadura se convirtió en todo lo que prometió destruir.

Ortega fue encarcelado y torturado por el somocismo. Después del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, integró la junta revolucionaria, encabezó el gobierno y ganó la presidencia en 1984. Después perdió frente a Violeta Chamorro en 1990 y entregó el cargo. Aquella alternancia parecía demostrar que la revolución podía convertirse en república.

Luego Ortega regresó mediante las urnas en 2007 y comenzó a capturar y desmontar las pocas instituciones democraticas que había. Un tribunal electoral capturado le permitió competir otra vez pese a que la Constitución lo prohibía. En 2014, otra reforma le permitió la reelección indefinida, como a Bukele en El Salvador. El sandinismo capturó el Congreso, la justicia, el órgano electoral, la policía y las fuerzas armadas. La revolución dejó de ser un proyecto político y se volvió propiedad de una persona y su pareja.

Rosario Murillo no es solamente la esposa de Ortega. Fue vicepresidenta desde 2017 y una reforma constitucional la convirtió en “copresidenta” en 2025. El mismo cambio amplió de cinco a seis años el periodo presidencial y colocó bajo la pareja todos los órganos del Estado. El poder ya no se transmite por el voto, ahora se administra dentro de la familia.

El punto de quiebre llegó en 2018. Una reforma a la seguridad social provocó protestas encabezadas por estudiantes. El régimen respondió con policías y grupos paramilitares. Más de 300 personas murieron. Naciones Unidas documentó ejecuciones, detenciones arbitrarias y tortura. Desde entonces, la represión pasó de las calles a las instituciones. Antes de los comicios de 2021, Ortega encarceló a los principales aspirantes opositores, canceló partidos y se declaró vencedor con casi 76% de los votos.Después cerró medios, universidades y miles de organizaciones civiles. Cientos de personas fueron privadas de su nacionalidad. A quienes disienten los llama “traidores a la patria”, fórmula jurídica que le permite encarcelarlos, desterrarlos y confiscar sus bienes.

Por eso la frase de Ortega importa más allá de Nicaragua. Las dictaduras rara vez comienzan cancelando elecciones. Primero desacreditan a los críticos, convierten al adversario en enemigo, capturan árbitros, doblan constituciones y utilizan la ley para castigar a críticos y opositores. Cuando anuncian que ya no habrá votos, casi todo lo demás ocurrió antes. Durante años, demasiados gobiernos de la región han evitado nombrar esta dictadura porque conserva palabras