Algo que todavía funciona más o menos bien en la destartalada democracia mexicana es la libertad de expresión y el papel fundamental que los medios de comunicación juegan en ella, aunque lejos de los estándares deseados de una democracia liberal.
En este contexto, se dio a conocer una propuesta de lineamientos dizque para la “protección de las audiencias”, con base en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que serán sometidos por un tiempo a consulta pública, con el propósito —dicen— de recabar argumentos para mejorarla y darle mayor legitimidad. Dado que los resultados de la consulta no son vinculantes y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sólo los ponderará, es muy probable que se dé otra simulación, como sucedió con la consulta sobre la reforma electoral.
No es otra cosa que el paso siguiente en la, más que evidente, ruta estratégica que ha implementado el actual régimen para sustituir la institucionalidad democrática previa por un autoritarismo sin contrapesos y sin pluralidad. Desaparecieron organismos constitucionales autónomos que velaban por la protección de derechos tan importantes como el acceso a la información pública (INAI) o la libre competencia económica (Cofece). En otros casos, los convirtieron en apéndices del Gobierno, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias al acompañamiento de las autoridades electorales —especialmente esa mayoría obsequiosa del Tribunal Federal Electoral— le fue concedida a la coalición oficial una sobrerrepresentación indebida en la Cámara de Diputados, a espaldas del voto ciudadano, contando así con un control absoluto del Poder
Legislativo, suficiente, incluso, para aprobar reformas constitucionales a medida o a capricho. Y, lo más obsceno de todo, la captura del Poder Judicial a través de la elección popular —totalmente manipulada con los famosos acordeones— de las personas juzgadoras, con lo que se abre el camino para una aplicación de justicia selectiva, al gusto del régimen —baste mencionar el reciente caso de Ernesto Ruffo, mientras no se toca con el pétalo de una rosa a los miembros del partido oficial acusados formalmente por la justicia estadounidense—. Así, sin contrapesos, equilibrios, división de poderes o rendición de cuentas, lo único que hace falta es avanzar en la captura de los medios de comunicación.
Algunos medios de comunicación todavía cumplen funciones sociales prioritarias e indispensables en cualquier democracia: la justificada crítica al poder y el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de expresión y acceso a la información; aunque, en la práctica, hemos observado, desde hace tiempo, que cada vez es más difícil ejercer el periodismo con libertad y seguridad en el país. Entre otras fuentes, la organización no gubernamental Artículo 19 ha documentado el alto número de periodistas asesinados en lo que va de 2026, el incremento notorio en las amenazas y agresiones a periodistas y lo ineficaz que han sido los mecanismos de protección al gremio. Con razón, se señala a México como el país en “situación de paz” más peligroso para el ejercicio del periodismo. La impunidad y la connivencia con el crimen organizado generan estragos en todos los ámbitos.
Desde luego, nadie se puede oponer a la expansión de derechos. Me refiero a aspectos positivos del proyecto de lineamientos. Pero, en otros aspectos, se quieren imponer normas francamente peligrosas y hasta ridículas, como el que, en la cobertura noticiosa, haya que hacer advertencias con mensajes o plecas para distinguir qué es “información” y qué es “opinión”. Una línea delgada, se sabe. Y si un medio de comunicación no resuelve una queja en tiempo y forma, el Gobierno, erigido en juez y parte, podrá sancionarlo. Simplemente el planteamiento de este mecanismo inhibidor ya genera una afectación relevante para aquellos medios incómodos para el Gobierno.
2027. En el cerca-lejos
