La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las cárceles en México están saturadas. Su gobierno acumula cerca de 60 mil detenidos y ahora dicen que se buscan alternativas humanitarias para algunos presos para que sean liberados.
Pero el problema viene de mucho antes y las opciones son pocas. Hoy, cerca del 40 por ciento de la población penitenciaria no tiene sentencia. El sistema judicial tiene un problema real, pero, además, desde la llegada de López Obrador a la Presidencia, se tomó la decisión de ampliar cada vez más el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
SIN SOLUCIÓN
La prisión preventiva tendría que ser una medida cautelar excepcional, utilizada cuando existe un riesgo para las víctimas, para la sociedad o para el propio proceso judicial.
Pero en México, reforma tras reforma, se fue ampliando el catálogo de delitos por los cuales una persona puede ser enviada a prisión automáticamente mientras se determina si es culpable o inocente.
Pensando mal, podríamos decir que así se puede presionar desde el poder a quien quieran. En algunos delitos la medida es muy justificable, como en la violación o el secuestro; otros, como los fiscales, dejan un espacio enorme para poder presionar penalmente a los señalados.
En abril de 2019 se reformó el artículo 19 constitucional y se amplió de manera muy importante ese catálogo.
A los delitos que ya contemplaban prisión preventiva oficiosa, como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y determinados delitos graves cometidos con armas y explosivos, se agregaron abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos relacionados con hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, además de delitos relacionados con armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Luego, el catálogo volvió a ampliarse. El 31 de diciembre de 2024 se publicó otra reforma al artículo 19 constitucional para incorporar la extorsión y determinadas actividades ilícitas relacionadas con precursores químicos, drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados.
En abril de 2025 se volvió a modificar el artículo 19 constitucional para incorporar el terrorismo y ampliar los supuestos relacionados con la introducción y fabricación ilícita de armas.
Ahora, cualquiera puede ser acusado de alguno de estos delitos sin pruebas y acabar en la cárcel, y los ilícitos se han ampliado de tal manera que cualquier persona puede terminar en prisión durante su proceso.
Hoy, las cárceles mexicanas están cada vez más saturadas y una parte fundamental del problema son las decenas de miles de personas que permanecen encarceladas sin sentencia.
De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025, al cierre de 2024 había 236 mil 773 personas privadas de la libertad en México. De ellas, 36.3 por ciento no tenía sentencia.
Estamos hablando de más de uno de cada tres presos en México que estaba detrás de las rejas sin que existiera todavía una sentencia que determinara definitivamente su culpabilidad.
El Inegi ha contabilizado 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad sin sentencia, y de ésas, 47 por ciento estaba en prisión preventiva oficiosa y 38 por ciento en prisión preventiva justificada.
Es decir, la enorme mayoría de los adultos encarcelados sin sentencia se encuentran bajo alguna modalidad de prisión preventiva.
Entre las mujeres la situación es todavía más grave. Según el Inegi, 56.4 por ciento de las mujeres adultas privadas de la libertad sin sentencia estaba en prisión preventiva oficiosa, mientras que entre los hombres el porcentaje era de 46.2 por ciento.
Y hay un dato todavía más preocupante que ayuda a explicar por qué las cárceles no se despresurizan: el tiempo que tarda la justicia mexicana en sentenciar.
Según el Inegi, al cierre de 2024, 25.6 por ciento de las mujeres adultas, privadas de la libertad sin sentencia, llevaba 24 meses o más esperando una resolución judicial. Entre los hombres, era 22.3 por ciento.
Estamos hablando de personas que llevan dos años o más dentro de una cárcel sin haber recibido sentencia.
Durante años se amplió el número de delitos que pueden llevar a una persona a prisión, mientras enfrenta un proceso, pero no aumentamos en la misma proporción la capacidad de las fiscalías para investigar, de los tribunales para resolver los casos ni del sistema penitenciario para recibir a todos esos detenidos.
Y mientras se ampliaba el catálogo de prisión preventiva, tampoco se resolvió otro problema fundamental: la infraestructura penitenciaria.Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se desarrollaron centros penitenciarios mediante esquemas público-privados.
López Obrador cuestionó duramente esos contratos porque consideraba que resultaban excesivamente costosos para el Estado. En 2021, su gobierno renegoció ocho de ellos, obtuvo una reducción en los pagos y estableció que las instalaciones terminarían incorporándose al patrimonio de la nación.
Pero eso hizo que no se terminaran los penales como estaban previstos y que, además, el costo se asumiera directo a nuestros impuestos.
Y no sólo se trata de construir penales, sino de que sean seguros, sin autogobiernos, sin privilegios para determinados internos, sin teléfonos celulares desde donde se ordenan extorsiones, sin venta de drogas y sin organizaciones criminales controlando lo que sucede dentro de ellos, y eso tampoco pasa en los que ya se tienen.
Después de ampliar durante años la prisión preventiva, aumentar las detenciones y saturar el sistema penitenciario, la Presidenta Claudia Sheinbaum habla de buscar alternativas humanitarias para determinadas personas privadas de la libertad.
La pregunta es: ¿cómo van a determinar a quién sacar?
Antes de discutir a quién liberar existe otra solución mucho más elemental: tener un sistema judicial ágil, que hoy no existe.
El Estado tiene la obligación de mantener en prisión a quienes representan un verdadero peligro para las víctimas o para la sociedad, pero también tiene la obligación de determinar, en un plazo razonable, si una persona es culpable o inocente.
Llenar las cárceles no necesariamente significa hacer justicia, y más cuando vemos a personas a quienes realmente no se les justifica estar en prisión enceladas y cientos de delincuentes libres en las calles.
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