Mariana Mazzucato es economista de referencia para la Cuarta Transformación.
Profesora de Economía de la Innovación y Valor Público en University College London, es conocida por El Estado emprendedor y Misión economía. Se ha reunido con Claudia Sheinbaum e integrantes del gabinete. En 2025, la Secretaría de Economía formalizó una colaboración con su instituto.
Su punto de partida confronta una idea de la economía clásica y el pensamiento liberal: que el Estado debe garantizar derechos y libertades y corregir fallas de mercado. Para Mazzucato, ese papel resulta insuficiente. El Estado también puede fijar una dirección, asumir riesgos, coordinar actores y crear mercados para resolver problemas colectivos.
En The Common Good Economy, publicado este año, lleva su propuesta al terreno moral y dialoga con Michael Sandel, Charles Taylor, Amitai Etzioni, Amartya Sen y Martha Nussbaum. El bien común deja de entenderse como la suma de preferencias individuales y pasa a referirse a las condiciones que permiten vivir con dignidad, desarrollar capacidades y participar en la vida colectiva.
¿Cómo se lleva a la práctica? El Estado define, con empresas y sociedad, los problemas y organiza sus instrumentos alrededor de ellos. Quienes reciben financiamiento, infraestructura, incentivos o contratos públicos asumen compromisos verificables. Los beneficios se distribuyen entre quienes ayudaron a generarlos. La prosperidad compartida se construye desde el proceso productivo mediante salarios, empleos, proveedores nacionales y capacidades tecnológicas, antes de corregirlos con impuestos y transferencias.
El instrumento son las misiones: objetivos concretos, medibles y con plazo, como garantizar la seguridad hídrica o aumentar la producción nacional de medicamentos. Cada misión alinea presupuesto, regulación, compras públicas, banca de desarrollo, ciencia e inversión privada hacia un resultado común. Para Mazzucato, Silicon Valley no se explica sólo por sus empresas, sino por un gobierno que financió tecnologías y creó condiciones para su desarrollo.
No todas provienen de Mazzucato, pero muestran por qué sus ideas atraen al Gobierno. Los Polos de Bienestar, el incremento salarial, la reforma laboral, la política energética y las nuevas reglas ambientales e indígenas comparten esa pretensión: orientar la inversión hacia la prosperidad compartida y guiar la economía hacia el bien común.
Esta semana, Mazzucato y Lara Merling publicaron State Transformation for Plan México. Su diagnóstico es que México exporta mucho, innova poco, incorpora escasos proveedores nacionales y mantiene brechas regionales enormes. La inversión total llegó a 24.3% del PIB, cerca de la meta de 25%, pero 21 puntos corresponden al sector privado y apenas 3.1 al público. Después, la inversión pública cayó a 2.2% y la inversión física se redujo 28.4% en términos reales.
Aquí aparece la principal tensión. Las empresas no están peleadas con los derechos, el desarrollo regional ni el bien común. Es razonable que el Gobierno busque capital que genere empleos dignos, tecnología, contenido nacional y beneficios ambientales. Mazzucato propone condicionar incentivos, créditos, contratos y concesiones a compromisos medibles, publicados, con plazos y auditables. En México, los criterios son dispersos, cambian entre autoridades y se aplican con discrecionalidad. Sin reglas claras, la condicionalidad puede convertirse en arbitrariedad e incertidumbre.
El informe reconoce que las amenazas arancelarias, la revisión del T-MEC, las tasas de interés, la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la debilidad del Estado de derecho afectan la inversión. Sorprende que no examine la reforma judicial. La sustitución de jueces y las dudas sobre la independencia y resolución de controversias fueron un shock institucional. Omitirlo deja incompleto el diagnóstico.
El reporte propone dos conversaciones incómodas. La primera es fiscal. El Plan México requiere inversión pública, pero no puede financiarse mediante reasignaciones y recortes. Mazzucato propone recaudar más sobre grandes fortunas, herencias, propiedad, ganancias de capital y rentas extraordinarias. También plantea distinguir el gasto corriente de la inversión que crea infraestructura, capacidad productiva e ingresos futuros, en lugar de observar únicamente su efecto inmediato sobre el déficit.
La segunda es financiera. El problema no es la falta de dinero, sino su destino. Bancos, Afores y banca de desarrollo administran recursos, pero 86.4% del financiamiento empresarial se utiliza para gasto corriente o pago de deuda. Además, NAFIN y FIRA canalizan recursos mediante bancos comerciales, que privilegian empresas consolidadas y proyectos de menor riesgo. Mazzucato propone que la banca de desarrollo asuma más riesgo y otorgue crédito de largo plazo para infraestructura, innovación y proveedores nacionales.
Como verán, el Gobierno ha adoptado buena parte del lenguaje, los objetivos y las reformas que menciona Mazzucato, pero los resultados en crecimiento, desarrollo y prosperidad todavía dejan mucho que desear. Será work in progress o common good washing.
Valientes bravucones
