Una visa es una puerta, la nacionalidad es la casa y el control de un Estado sobre ambos temas forma parte de un mismo espectro de control.
Los Estados se reservan el derecho de decidir qué extranjeros pueden cruzar sus fronteras.
México pide visa para ciudadanos de 134 países, como China, India, Nicaragua, El Salvador o Ucrania, por ejemplo. Estados Unidos ha convertido esa facultad en una herramienta de política exterior. Desde hace años retira visas a funcionarios acusados de corrupción, represión o ataques a la democracia. En Nicaragua, la escala es extraordinaria. Para junio de 2026, más de dos mil 350 funcionarios del régimen y familiares enfrentaban restricciones de visa estadounidenses.
La carta de Andy
La llamada Lista Engel muestra el mecanismo con claridad. Washington publica nombres de actores de Centroamérica a los que ellos consideran involucrados en corrupción significativa o en el debilitamiento de instituciones democráticas y, entre las consecuencias, les impide obtener visa o les revoca la que ya tenían. No es una condena penal, es una sanción ejercida desde la frontera. La medida puede discutirse y hasta parecer excesiva porque no equivale a una sentencia judicial. Pero sirve para mirar los dos extremos del mismo poder. Washington le dice a un funcionario nicaragüense: usted no puede entrar aquí. Daniel Ortega y Rosario Murillo han hecho algo bastante más radical con sus adversarios en Nicaragua: usted ya no pertenece tampoco acá.
El punto de quiebre fueron las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos.
Tres años después, antes de las elecciones de 2021, el gobierno encarceló a siete posibles candidatos presidenciales, además de dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Ortega llegó así a las urnas sin tener que derrotar a sus principales competidores porque ya les había hasta confiscado sus bienes. Luego vino el destierro. En febrero de 2023, 222 presos políticos fueron liberados, subidos a un avión rumbo a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad, por lo que perdieron todos sus derechos, hasta los de propiedad. Días después, otras 94 personas recibieron el mismo castigo. En 2024, 135 presos fueron enviados a Guatemala, también perdieron su nacionalidad y el Estado ordenó confiscar sus propiedades.
La purga no ha sido solamente contra personas físicas. En abril de este año, el gobierno canceló la personalidad jurídica de otras 12 organizaciones sociales de muchos temas incomodos, como defensa de derechos humanos, cooperación internacional, médicas, etc.
Parecería una noticia burocrática menor, salvo por el detalle de que el número de asociaciones disueltas llegó a cinco mil 663. De las más de siete mil que alguna vez funcionaron, quedarían alrededor de mil 500, casi una quinta parte.
Sin organizaciones de la sociedad civil, periódicos independientes, universidades autónomas, candidatos competitivos y organizaciones religiosas fuera del control gubernamental, la política se ha vuelto una actividad de alto riesgo. El propio Ortega ha advertido que no volverá a permitir participar a quienes coloca en las categorías de traidores a la patria o golpistas. Ahí está la diferencia que conviene no perder de vista. Un gobierno extranjero puede cerrar su frontera y dejarte afuera. Otros, como Nicaragua, han desarrollado instrumentos para
expulsarte, quitarte la ciudadanía, confiscar tus bienes, cerrar la organización a la que pertenecías y después impedir que cualquiera que piense como tú participe en una elección.
Debemos mirar los dos extremos del espectro.
