Dos eventos han mostrado las dificultades gubernamentales actuales: el primero, la difusión de que Estados Unidos revocó la visa a Andrés Manuel López Beltrán, aspirante a diputado federal, exsecretario de organización del CEN de Morena, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pasante de 40 años. El segundo, la vuelta y la revuelta-salida del exgobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Ambos eventos han expuesto la fragilidad de la gobernabilidad señalando al titiritero que mece la cuna, que tuvo que mover piezas clave para no mostrar su rostro de poder disminuido, bajo la mirada maquiaveliana de EU, con un cálculo preciso, colocando la red de huachicol fiscal como elemento articulador de su estrategia contra los cárteles y la red de protección de narcopolíticos en México.
La carta infantil enviada por Andy al presidente Trump logró expresar la desesperación del poder familiar perdido, mostrando una red de aliados que involucró a la Presidenta, los gobernadores, senadores, diputados, fiscalía y demás miembros y simpatizantes de Morena, quienes serían considerados ya como posibles cómplices en la investigación que EU realiza desde la fiscalía sur de Nueva York; abultando el amplio expediente surgido de las entrevistas a testigos protegidos, cateos a empresas en California y Texas, delincuentes narcoterroristas deportados, sobre el huachicol y contrabando, corrupción e impunidad de redes transfronterizas de lavado de dinero, falsificación aduanera y apoyo a cárteles mexicanos en tráficos de drogas, armas y personas. Todos vinculados a los Cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y del Noreste.

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Quienes apoyaron la carta y el proceder de Andy, hoy han dado la espalda al exgobernador Rocha Moya. Una intuición realista de los antagonismos actuales, en donde el traslado del excontraalmirante Farías Laguna, de Argentina a México y no hacia EU, muestra acuerdos de colaboración entre la DEA y el Gobierno de México. Las visas ya revocadas, los hijos del expresidente López Obrador, Adán Augusto, Audomaro Martínez, Luisa María Alcalde, Marina del Pilar, Fernández Noroña, Mario Delgado y muchos más entre gobernadores, legisladores, funcionarios federales, estatales y municipales, así como empresarios mexicanos, han expuesto una red que surge desde las operaciones del huachicol de Salvador Carmona, empleadas para favorecer elecciones morenistas, bañar de corrupción abierta el tráfico de influencias, mantener impunidad en muchos delitos y expresar un desafío abierto al poder establecido, han marcado el mapa que controla EU y la ruta de control que conduce hacia Macuspana.
El entorno gubernamental conflictivo causado, ahí encuentra sus causas, la difícil decisión presidencial conduce a un escenario de enfrentamiento con todo lo que defiende la administración pasada, con sus estructuras, políticas, procesos, personajes y resultados. La opción actual es sabida, el interés nacional debe predominar por encima de intereses individuales, de grupo, partidarios o delictivos. No entenderlo es ser prisioneros de prácticas malsanas para la nación. México ignora el tablero en el que juega y no ve con claridad al adversario que realmente enfrenta. Necesario el golpe de timón.

Ya es indefendible

