Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) admite que no investiga al gobernador de Sinaloa, con segunda licencia, Rubén Rocha Moya, acusado junto con nueve de sus exfuncionarios de proteger y mantener vínculos con el cártel de Los Chapitos, y el gobierno insiste en que no ha recibido pruebas de ello, a pesar de que al Departamento de Justicia de Estados Unidos le sobran, el exdirector de la DEA, Derek Maltz, le pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, que lo arreste y traslade a ese país para que enfrente a la justicia.
Necesitamos otra operación de alto nivel de arresto y remoción hacia nuestro país, declaró, tras el desplante del mandatario el fin de semana de reasumir el cargo en medio de una condena general del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, mandatarios estatales, legisladores y dirigentes de Morena que, en 24 horas, lo obligaron a volver a solicitar licencia y quedar sin fuero constitucional, suficiente para que pueda ser detenido y llevado ante la justicia estadounidense por formar parte de una organización terrorista extranjera.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
De ese hecho inicial, el mandatario sinaloense informó en un posts a la Presidenta, igual que en días pasados lo hiciera Andrés Manuel López Beltrán, después de enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras de que le fue cancelada su visa, hechos que empeoraron la ya delicada relación de México con ese país, ante la proximidad de la firma del T-MEC con un Canadá que ya se declaró “en guerra” arancelaria contra aquel país.
Privada, como fuera la de Ernesto Ruffo Appel, fue la audiencia en El Altiplano del contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de contrabando de huachicol, tras su expulsión de Argentina por haber ingresado a ese país con pasaporte falso y su traslado a esta capital, aunque las acusaciones a uno y otro distan mucho.
Tanto a éste como a su hermano, el almirante Manuel Roberto, preso desde hace varios meses en ese penal mexiquense —sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Durán Ojeda—, se les acusa de encabezar una red criminal de ese combustible introducido ilegalmente al país, en tanto al exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel, de ser socio de una empresa privada acusada de ese mismo ilícito.
A menos de que se vuelva a violar la Constitución, la extitular del Tribunal Electoral Mónica Soto, quien a partir del 31 de este mes renunciará a ese cargo, no podrá aceptar el que presidencia dijo que “podría ofrecerle”, porque el artículo 18 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, lo prohíbe.
Ya es indefendible
