Lo mejor para Sinaloa no es que el gobernador Rubén Rocha Moya haya solicitado una segunda licencia, después de 34 horas de reasumir el cargo, como declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum el fin de semana, tras calificar como “imprudente” esa actitud. Lo mejor para ese estado, y para el país mismo, es que se deje de brindarle tanta protección en espera de pruebas de la justicia de Estados Unidos, antes de que ésta ordene su captura por sus nexos y protección a un cártel declarado organización terrorista extranjera como el CJNG y vuelva a hablarse de injerencia y violación a la soberanía nacional.
Más aún, después de que el director general de la DEA, Terrance Cole, volvió a advertir, en una entrevista televisiva, que “altos funcionarios mexicanos, que han dado protección al Cártel Jalisco Nueva Generación forman parte de la lista prioritaria”, y que esa agencia que forma parte del Departamento de Justicia de su país y colabora con las autoridades mexicanas, no descartó una operación directa en territorio mexicano, en caso de que el presidente Donald Trump lo ordenara.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
• Sigue el cerco contra el CJNG
En medio de coros de “¡fuera el rochismo!” y desde temprana hora de este lunes, grupos de sinaloenses protestaron frente a la sede del gobierno de su estado en Culiacán, para exigir que el gobernador interino que sea designado no pertenezca a ningún grupo del mandatario con licencia, Rocha Moya, y se destituya a todo su gabinete, al tiempo que pidieron a la Presidenta Sheinbaum proponer un inmediato plan de rescate.
El saldo de lo ocurrido en esa entidad, después de que el 25 de julio de 2024 Ismael El Mayo Zambada cayera en la trampa que le tendió su ahijado Joaquín Guzmán López para llevárselo y entregarlo a la justicia de ese país, es de más de tres mil muertos en ejecuciones, balaceras, secuestros y atentados, negocios cerrados y desplome de la economía en un estado tan importante, dejado en manos de los violentos grupos criminales de los hijos de aquél y de El Chapo.
Fausto Corrales Rodríguez, único testigo de ese encuentro en una finca próxima a Culiacán, en la que fue asesinado el exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, y quien está preso en el penal del Altiplano, fue acusado por la FGR de encubrimiento y montaje del crimen del también diputado federal, en una gasolinera de la capital, ordenado por Rocha a su entonces fiscal, Sara Bruna Quiñones, la misma noche del crimen.
No, no fue mero “desencuentro” del morenismo con Rocha Moya para negar lo innegable, fue mucho más, como empieza a verse.
En medio del desfiguro, el reacomodo
