Me refiero a un par de hechos de coyuntura: el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz y la sesión convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir la situación política en Nicaragua.
No cabe duda de que Fidel Castro es —por buenas y malas razones, pero, sobre todo, estas últimas— uno de los personajes centrales en la historia de América Latina. Digno de estudio y revisión, como toda figura de esa magnitud, tiene luces y sombras que, en el caso, tienden a un gris tirando al negro.
Descontando el halo del revolucionario que tuvo la intención de romper con un orden despótico —la dictadura de Fulgencio Batista—, usualmente el aspecto más romantizado de Castro Ruz, lo que vino después fue la imposición de una dictadura mucho más atroz que aquélla que reemplazó.
En efecto, en nombre de “la alianza contra el imperialismo”, Fidel Castro impuso un régimen de terror. Comparable con la inspiración nazi de “el trabajo hace al hombre”, en Cuba se utilizaron campos de concentración, denominados eufemísticamente Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), donde se practicaba toda clase de tortura y vejaciones a los infelices que eran apresados por el régimen castrista. Fue el destino de opositores políticos, intelectuales, religiosos y homosexuales.
En este último grupo, las torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos en los campos de concentración caribeños, generaron incluso la muerte de personas a las que se les pretendía “corregir” su orientación sexual. Como caso ejemplar está el de Reinaldo Arenas, encarcelado por el régimen y que terminó suicidándose en Nueva York, dejando una ilustrativa carta en la que culpaba a Castro de su fatídico desenlace. El giro que después hizo el régimen —cuando le convino— sobre este tema no borra los imperdonables crímenes cometidos por la ya muy larga dictadura.
Hijo caribeño del totalitarismo soviético, el régimen cubano ha sido idealizado por la izquierda populista trasnochada de América Latina, omitiendo las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el hecho de que es la propia dictadura la que ha sido y sigue siendo responsable de la asfixia de la vida económica y social del país.
Coincidentemente, el resultado de la reunión urgente de cancilleres de la OEA para tratar la situación de Nicaragua, tras el anuncio de la dictadura de los Ortega (Daniel y Rosario) respecto a la cancelación de las elecciones programadas próximamente, evidencia, por lo redondo, a la política exterior mexicana. 29 países miembros votaron a favor de la resolución condenatoria, con el único voto en contra de Brasil y la única abstención de México, que ofreció así un guiño a la tiranía nicaragüense. No podía esperarse otra cosa. Va en línea con el silencio, la falta de condena e, incluso, la complicidad que ha caracterizado a las representaciones diplomáticas mexicanas, cuando se trata de regímenes que son considerados ideológicamente afines, aunque se trate de dictaduras consumadas.
Bajo la cantaleta de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos —etcétera, etcétera—, México traiciona la Carta Democrática Interamericana, de la que es firmante, porque es falso que la cancelación de elecciones sea solamente “un asunto de política interna”. Es una flagrante ruptura del orden democrático de un Estado miembro del organismo. En los hechos, México otorgó un respaldo a los Ortega, dando la espalda a la ciudadanía nicaragüense.
Luces y sombras
