El 27 de agosto, Elbridge Colby presentó al Consejo del Atlántico Norte la revisión estadounidense de su despliegue militar en Europa. Pero los documentos conocidos por Reuters revelan que el Pentágono prepara, al menos, cuatro opciones para noviembre y que la evaluación no se limita a la inversión presupuestal de cada aliado. Considera también el acceso a bases, los permisos de sobrevuelo y la cooperación con las prioridades de Washington. Colby no anunció una retirada, aunque tampoco existe una decisión final.
La primera pregunta que aparece es cuántos de los aproximadamente 80 mil soldados estadounidenses permanecerán en Europa. Más importante aún es establecer bajo qué condiciones estarán desplegados.
La revisión no apunta necesariamente a una OTAN con menor participación de los Estados Unidos; pero sí a una alianza con condiciones más explícitas para distribuir su presencia militar. En ese modelo, la protección podría dejar de operar como presupuesto general de la alianza y depender, en mayor medida, de la evaluación política sobre la conducta de cada miembro. Ya no se mediría únicamente por cuánto aporta un aliado a su propia defensa, sino por cuánto facilita la estrategia estadounidense.
La diferencia no es menor. Un compromiso colectivo fija de antemano lo que los miembros se deben; una garantía condicionada obliga a demostrar que se merece la protección siempre que se solicite. Las recientes fricciones durante la guerra con Irán, como la negativa de España a prestar sus bases, permiten entender por qué Washington puede estar concediendo mayor importancia al acceso y a la cooperación efectiva de sus aliados.
La OTAN nunca ha sido sólo un contrato de servicios. Su fuerza depende de la idea de que sus miembros forman una comunidad política y que la agresión contra uno compromete a los demás, incluso cuando responder no ofreciera el mismo beneficio inmediato a todos. Precisamente por eso la revisión estadounidense es complicada, pues aunque no elimina esos valores, introduce dentro de ellos una lógica transaccional.
El gasto o el acceso a bases funcionarían como garantías de permanencia. La tensión no está entre valores e intereses —cualquier alianza contiene ambos—, sino entre la solidaridad pactada y la protección condicionada.
Así, la “seguridad de todos” empezaría a parecer más a la suma de “garantías diferenciadas para algunos”.
Los 80 mil efectivos siguen desplegados y las alternativas apenas serán presentadas en noviembre. Una retirada parece poco probable. Pero la elección de los criterios anticipa un posible cambio en el funcionamiento de la alianza. Washington está dejando de pensar su presencia europea sólo como una necesidad militar compartida y comienza a tratarla también como un recurso político que puede asignarse según acceso, alineamiento y rendimiento.
La OTAN 3.0 no será, entonces, una alianza sino un acuerdo entre Estados Unidos y cada uno de los países de Europa.
Luces y sombras
