Por extraño que le pueda parecer al público, que posiblemente perciba que ya tenemos mucho tiempo en el ambiente electoral —dada la manera tan anticipada con la que algunos partidos y políticos con ambiciones de conseguir una candidatura se han comportado—, apenas el día de mañana dará inicio formalmente el proceso electoral federal 2026-2027.
Se trata del enorme conjunto de actividades que deben realizar las autoridades electorales —el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales de las entidades federativas (llamados OPLES)— en la organización de las elecciones concurrentes, federal y locales, que tendrán su punto más importante en la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2027.
En estos comicios se renovará una parte muy importante del personal político del país (20 mil cargos, en números cerrados). Lo que más atención genera es la renovación total de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión —única elección federal—, así como 17 gubernaturas y 31 congresos locales (no en el caso de Coahuila, que recientemente celebró tales comicios). El resto, la inmensa mayoría de los cargos, corresponde al ámbito municipal.
• Inzunza, eslabón débil
Si bien son de naturaleza muy distinta, hay que recordar que las últimas elecciones nacionales que se realizaron en el país fueron apenas el año pasado: la infausta elección del Poder Judicial —la de los jueces, magistrados y ministros del “acordeón”—, razón por la cual es necesario reestablecer los más altos estándares de confianza por parte de la ciudadanía hacia las autoridades electorales, lo que obliga a éstas a que no escatimen en aplicar los recursos y procedimientos que, a lo largo de las décadas de existencia, desde el Instituto Federal Electoral, produjeron elecciones confiables. Esto incluye, para empezar e indiscutiblemente, la selección de ciudadanos como funcionarios de casilla y el personal de capacitación que se encargará de prepararlos. Sería muy lamentable que, en la pulsión del régimen por colonizar o destruir autonomías, se intentara que estructuras como los “siervos de la Nación” tuvieran algún tipo de injerencia.
Será la primera elección en la que se verá cómo funciona la comisión creada para verificar candidaturas; en el diseño, con atribuciones muy limitadas —en términos de eficacia— para evitar que perfiles indeseables se presenten como candidatos. Este es uno de los desafíos más complejos: cómo impedir que personas vinculadas con organizaciones criminales o financiadas por ellas, se postulen y, peor aún, ganen elecciones. El riesgo de lo que se ha denominado el “huachicol electoral”.
Habrá dos partidos políticos nacionales nuevos: la nueva reencarnación del partido evangélico —satélite del régimen, que ya perdió en dos ocasiones el registro— y Somos, una fuerza política inspirada en el ciclo de protestas en defensa de la democracia que se detonó en 2024 ante los avances del autoritarismo.
Más allá de las eventuales alternancias que se pueden generar en los gobiernos locales, el aspecto político crucial de la elección será la conformación de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados. Sería muy lamentable que se repitiera un escenario similar al actual, en el que las autoridades electorales favorecieron una interpretación radicalmente antidemocrática e ilógica del texto constitucional, con la que obsequiaron a la coalición del régimen una muy grave sobrerrepresentación. Será importante revisar la actuación de la sala superior del Tribunal Electoral, una vez más incompleta, en la que sólo se necesitan tres votos para que las sentencias se alineen con los intereses del gobierno. Ya se ha probado que, con la integración actual, seguro cuenta con dos. Ya se verá cómo votan los magistrados electos por el acordeón.
“RESILIENCIA”
