Cuando la justicia se somete a la política

“Ya llegó el señor a Ensenada, diciendo: ‘las rejas son la cerca de mi casa’. El hombre muy conmovido porque su pueblo lo abraza”.

“No puedo hablar de más, así me lo indicó el juez, pero sí les voy a decir que aquí todo está al revés (...) Todos los mexicanos debemos estar preocupados, están pasando cosas raras (...) El pueblo lo recibió entre porras de alegría y así regresó a su Ensenada querida”, reza El Corrido de Ernesto Ruffo, tema que comenzó a circular recientemente.

Las palabras de Ernesto no pasaron desapercibidas. No sólo por provenir del primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, sino porque reflejan una inquietud que debería preocuparnos a todos: la vigencia del Estado de derecho. La ley debe aplicarse de manera imparcial o deja de ser ley para convertirse en un instrumento de poder.

Uno de los principios fundamentales de cualquier democracia es la presunción de inocencia. Este derecho no existe para favorecer a personas culpables, sino para proteger a todos los ciudadanos frente a posibles abusos. Sin esa garantía, cualquiera puede ser condenado primero, en la opinión pública, y después en los tribunales.

Con demasiada frecuencia se escucha que los derechos humanos sirven para proteger delincuentes. Nada más alejado de la realidad. Los derechos humanos fueron creados para proteger la dignidad de todas las personas y para asegurar que la autoridad actúe dentro de los límites que le impone la ley.

La justicia no puede construirse sobre sospechas, rumores o percepciones. La justicia se sostiene sobre pruebas. Nadie debería ser considerado culpable antes de que una autoridad competente así lo determine mediante un proceso legal justo. Cuando una acusación se convierte en condena anticipada o cuando la prisión preventiva funciona como castigo antes de la sentencia, los principios fundamentales del sistema democrático comienzan a erosionarse.

La discusión de fondo trasciende cualquier caso específico. La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a defender las reglas que garantizan nuestras libertades,incluso cuando se trata de personas con las que no coincidimos política o ideológicamente. Ésa es la verdadera prueba de una democracia.

La historia reciente de México está marcada por la lucha de generaciones que buscaron construir instituciones más abiertas, más independientes y más respetuosas de los derechos fundamentales. Ernesto Ruffo forma parte de esa generación que impulsó la transición democrática y contribuyó a fortalecer el pluralismo político en el país. Por eso sus palabras merecen una reflexión que vaya más allá de la coyuntura.

Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir investigaciones sólidas, procesos transparentes y resoluciones basadas en pruebas. No debemos permitir que la presión política sustituya a la legalidad ni que la sospecha ocupe el lugar de la justicia.

Defender el debido proceso no significa respaldar a una persona. Significa defender un principio. Porque cuando los derechos se debilitan para afectar a un adversario, también se debilitan para proteger al ciudadano común. Y cuando el Estado de derecho deja de ser una garantía para todos, la libertad de todos comienza a estar en riesgo. Ésa es una lección que México no puede darse el lujo de olvidar.