Martha Magaña es una mujer valiente. Como jueza de Distrito fue de las primeras en otorgar una suspensión contra el proceso de la Reforma Judicial en 2024.
Lo hizo desde la perspectiva de la independencia y con todas las salvaguardas que tienen los jueces en una democracia.
Un ejercicio del cargo que, por lo demás, goza de protección constitucional y de diversos tratados internacionales de los que el país forma parte.
Su determinación, junto con la de otros juzgadores, no prosperó. La iniciativa del presidente López Obrador avanzó y ahora estamos donde estamos.
Pero esto no impidió que fuera denunciada y “exhibida” en la conferencia mañanera del 2 de septiembre de 2024 por el entonces presidente de la República, por lo que había determinado en su juzgado sólo unos días antes, el 31 de agosto.
También se amagó, desde ese momento, con acciones disciplinarias y un juicio político en contra de Magaña por la supuesta extralimitación de facultades.
En esos días, jueces, magistrados, ministros y personal de carrera del sistema judicial alzaban la voz para tratar de detener lo que consideraban un error de grandes proporciones, advirtiendo que lo primero que se perdería sería la independencia. Así ocurrió.
Magaña no quiso entrar en la nueva modalidad de jueces elegidos en urnas y pasó a retiro por iniciativa propia.
Hasta ahí habría una historia de coherencia, de una trayectoria limpia en el Poder Judicial y de una pérdida, como tantas otras, de una servidora pública capacitada y con la experiencia que se requiere para juzgar.
Pero el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el órgano de control que creó la reforma no iba a dejar pasar la actitud de Magaña, porque no quiere que los jueces crean, ni por un momento, que son independientes cuando se trata de asuntos que interesan al Gobierno o a sus grupos de interés.
Magaña enfrenta una persecución, derivada de aquellas decisiones de hace dos años, por lo que tendrá que comparecer próximamente ante el TDJ, y cuyo desenlace puede derivar en sanciones administrativas y penales.
Otros de sus colegas, entre 40 y 50, también están bajo la mira, porque dictaron resoluciones similares, a los que habría que añadir otras dos centenas de jueces que no aplicaron la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que con ello se apegaron a la convencionalidad.
En el fondo, como ella misma ha señalado, se trata de ponerla como ejemplo, de mostrar lo que le ocurrirá a quien se salió del redil, y, sobre todo, a quienes quieran intentarlo posteriormente. Se sanciona el pasado para generar temor en el futuro.
Magaña lo resume con puntualidad: “Lo veo como un mensaje, como una mordaza para los jueces que ahora están en activo y decirles: mira, si emites decisiones en contra de lo que dice el oficialismo, esto es lo que te va a pasar”.
Hoy le tocó a Magaña; mañana a cualquiera que juzgue con independencia.