Autoridad capitalina, ¿justa o misógina?

“Tiene que haber más orgullo y respeto por la policía, y eso nos toca a nosotros, fortalecer el trabajo policial”, dijo Claudia Sheinbaum en un sábado de tequio en abril pasado, en respuesta a la circulación de un video en el que se observaba a un supuesto vagonero golpear a un policía en la línea 8 del Metro. ¿Se acuerdan de aquel caso?

Hoy, 4 meses después, y luego de la denuncia interpuesta por la joven de Azcapotzalco por presunto abuso sexual de 4 elementos de la policía; después de la reacción inicial del gobierno capitalino y de la Procuraduría de Justicia, y ante el gravísimo error de filtrar datos personales de la víctima, vulnerándola aún más; la realidad se coloca en un plano muy lejano de aquella promesa de fortalecimiento y redignificación de la autoridad y la justicia en la Ciudad de México.

“No nos cuidan, nos violan” fue la arenga más sonora entre las casi trescientas mujeres que salieron a marchar el lunes pasado en reclamo a una autoridad que reaccionó, de saque, de manera muy poco sensible.

Hay que cuidar más las formas cuando se trata de la capital mexicana, donde los índices de violencia de género son altísimos y la procuración de justicia ha estado manchada por décadas por violaciones sistemáticas al debido proceso, discriminación de género y por ende, las calles están llenas de abusadores que caminan en libertad.

Claro que al salirse las cosas de los márgenes de una manifestación pacífica —con agresiones y destrozos a inmuebles públicos, como ocurrió— se corre el riesgo de perder la legitimidad de la protesta. Pero en este caso no caben “todos los huevos en la misma canasta”.

[caption id="attachment_984874" align="alignnone" width="696"] Jóvenes protestan para exigir justicia por los presuntos casos de violación por parte de policías, el 12 de agosto. Foto: Cuartoscuro[/caption]

Claudia Sheinbaum no se equivoca al insistir en “no fabricar culpables” porque de esa práctica también estamos hartos, pero tampoco todo cabe en el terreno de la “provocación”, como lo manejó —quizá en un descuidado acomodo de términos— que después replicó la procuradora Ernestina Godoy.

El control de daños intentó ser rápido y en sólo horas circuló un nuevo mensaje de la jefa de gobierno a través de sus redes sociales, relajando el discurso, y al día siguiente convocando a una “mesa de trabajo” con algunas activistas feministas, aliadas, para intentar recomponer el ánimo hacia el sentido contrario de la indolencia y el desamparo que se proyectó en un principio.

Muy peligroso hubiera resultado de otra forma, porque un gobierno encabezado por mujeres no puede percibirse más misógino que los anteriores, cuya dosis en muchos casos fue más que suficiente, donde en 2018, de 167 asesinatos a mujeres en la capital, sólo el 25 % fueron investigados como feminicidios, por poner un ejemplo.

En el primer semestre de 2019, se han presentado en la Ciudad de México 369 denuncias de abuso sexual y la cifra sigue en aumento según el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.

Cómo no se va a desconfiar de las autoridades capitalinas, si casos como el de la activista Cristina Vázquez tiene casi 2 meses sin resolución; la muerte de Daniela Ramírez suma 3 meses en la misma situación y lo ocurrido con la estudiante del CCH Oriente, Aidée Mendoza, lleva más de 100 días sin señalar a un culpable.

Cómo no va a existir repudio de las mujeres hacia la policía, si sólo entre julio y agosto se dieron al menos 3 casos de agresión sexual entre sus elementos, contando el de Azcapotzalco —dos contra personas procesadas, uno contra una mujer de 27 años en situación de calle y uno más cometido por un policía bancario contra una joven en el Museo de Archivo de la Fotografía—.

No está en duda el hecho de que Claudia Sheinbaum intenta cumplir con el principal compromiso de no cometer una injusticia. Anunció la suspensión de 6 elementos de la policía en el caso de Azcapotzalco— que no han sido imputados— mientras se realiza la investigación.

Mientras del otro lado de la moneda, la joven afectada y su familia no quieren regresar a ratificar la denuncia.

Su argumento es válido, desconfían de las autoridades que revelaron su información privada, y si los datos proporcionados por ellos no son suficientes para llevar a cabo la investigación, ésta de todas maneras debería de seguirse por oficio de acuerdo al código penal.

Este caso como pocos, ha enfrentado a la autoridad con la sociedad civil, pero su misma complejidad lo convierte en esa gran oportunidad para marcar diferencia y legitimidad; ahí donde se enfrente la denuncia—de propios y extraños— con valor, y la justicia con perspectiva de género, sin fabricar culpables, pero tampoco inocentes…Sin impunidad.