Caso Iguala, ¿Y los responsables?

“Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”

Dicho popular

El 26 de septiembre se cumplen cinco años de la fecha en que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y desde entonces se han realizado varias investigaciones, se logró detener a ciento once personas relacionadas con los hechos, desde el ex presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, hasta el jefe de la policía de Iguala, varios de los elementos policiacos que participaron, y miembros de los grupos delictivos “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”.

El expediente del caso Iguala lleva ya setecientos tomos con un sinfín de reportes e investigaciones, siendo un mar de papeles, con ello parecería que todos los detenidos y sobre todo los lideres estarían más que firmes en sus detenciones, pero ahora resulta que no es así, y como muestra el líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, ha salido libre por falta de pruebas y porque las evidencias obtenidas fueron por medio de tortura, sin haber tomado en cuenta las pruebas que ofreció legalmente la DEA, con las escuchas telefónicas, las cuales ofrecían clara muestra de su participación.

Si el nuevo gobierno quiere hacer las cosas bien, debería de empezar por fincar responsabilidades de arriba hacia abajo, como bien dijo en campaña AMLO, pues las responsabilidades se pueden generar por acción u omisión, y empezaríamos por los Jueces del caso Iguala, quienes debieron resolver conforme a derecho y allegándose de las mejores herramientas para poder determinar culpabilidades y no buscando excusas para no aplicar las penas.

También incurrieron en responsabilidad los Ministerios Públicos que integraron mal las carpetas de investigación, ya sea por dolo o culpa derivada de la negligencia, así como los agentes de investigación que obtuvieron las pruebas violando los protocolos, obteniendo confesiones bajo tortura, y simplemente ocultaron pruebas o desviaron las investigaciones, toda la cadena que integra un expediente debe responder por el mal desempeño de su cargo y por el daño causado.

Por décadas hemos arrastrado un problema sistémico en los órganos de investigación e impartición de justicia, la cual en los casos emblemáticos se ha dictado desde la Presidencia de la República, y en muchos otros desde el influyentismo o la corrupción, lo que ha provocado que el crimen organizado se haya desarrollado impunemente, controlando tanto los reclusorios como muchas policías y órganos de justicia.

Por todo lo anterior la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador es importante para que sea el inicio de una profunda investigación en los órganos de impartición de justicia y se haga responsable a quien haya incurrido en irregularidades, que seguro las hay, ello generaría una muestra clara de un cambio hacia el Estado de Derecho.

Sin embargo, se corre un riesgo, pues en donde todo está corrompido, donde todos se deben favores a todos, es muy difícil quien pueda llevar a cabo semejante tarea de investigación y que pueda generar una serie de detenciones de primer nivel, desentrañando las corruptelas y sacando la cloaca de las oficinas Ministeriales, enhorabuena.