Martes 24.11.2020 - 00:27

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Antonio Fernández Fernández

La propuesta de prohibir las preventas de departamentos en la CDMX

ANTINOMIAS

Antonio Fernández Fernández
Antonio Fernández Fernández
Por:

“Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad”

Séneca

La diputada de Morena, Paula Soto, presentó la propuesta para reformar la Ley de Desarrollo Urbano y el Código Civil, ambos de la CDMX, para modificar los artículos 23 y 2277, respectivamente, de ambas leyes, y que con ello se prohíban las preventas de inmuebles hasta en tanto no se encuentren totalmente construidos y haber obtenido el permiso de ocupación.

Lo anterior, ha señalado la diputada, está motivado en los constantes fraudes que realizan las constructoras al edificar, muchas veces, más niveles de los permitidos, o más viviendas de las autorizadas, mismas que al comercializar estando en proyecto, los compradores al final o no pueden escriturar o les escrituran un inmueble que violó los diversos ordenamientos, por lo que las autoridades, al enfrentar al constructor, afectan también al comprador de buena fe, y muchas veces no pueden derrumbar lo construido, o simplemente el constructor desapareció.

Primeramente, tenemos que señalar que dicha propuesta es errónea al señalar como preventas, puesto que técnicamente no existen, en todo caso son ventas de cosa futura, puesto que lo que se vende y se compra no existe todavía, únicamente hay un proyecto en construcción, y sobre ello se contrata. Por otro lado, al prohibir dichas ventas, se viola la libertad de contratación y el libre comercio, ambos protegidos por la Constitución mexicana.

Las llamadas preventas existen, primero, porque son legales, y segundo, porque son una de las principales fuentes de financiamiento de los constructores, en virtud de que el crédito bancario es muy caro y en muchos de los casos los nuevos constructores no son sujetos de crédito, por ello ofrecen a sus compradores descuentos importantes para que ambos obtengan ganancias. Prohibir las ventas sólo encarecerían la vivienda y el crédito bancario, además de obstruir el desarrollo inmobiliario de la ciudad, y no hay garantía de que con ello se eviten las irregularidades en las construcciones mientras permanezca la corrupción.

Desde luego que existe un problema urbano en la CDMX de violación de los reglamentos de construcción, pero la solución no es la prohibición, puesto que el problema se origina desde la corrupción de las mismas autoridades encargadas de expedir las autorizaciones y supervisar las construcciones; alcaldías, Seduvi, Invea y PAOT, que muchas veces autorizan proyectos que violan claramente las restricciones urbanas, o se hacen de la vista gorda ante las evidentes irregularidades y que están a la vista de todos.

Por todo lo anterior, lo más recomendable es que los órganos encargados de otorgar las licencias y la supervisión no caigan en actos de corrupción y hagan bien su trabajo, y que se sancione sin impunidad alguna a todos lo que violen las disposiciones legales en materia de construcción; con ello, no necesitamos leyes que prohíban, porque donde hay prohibición, hay más corrupción.