Antonio Michel Guardiola

El desprestigio hacia los funcionarios públicos

ARISTAS

Antonio Michel Guardiola*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Antonio Michel Guardiola
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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En prácticamente todos los países y culturas existe cierto desdén de la sociedad hacia quienes la gobiernan. Es comprensible. Los gobernantes toman decisiones de política pública que afectan de manera directa la cotidianeidad de la gente. A nadie le gusta lidiar con las pericias de la burocracia, ver su trámite detenido por la ineficiencia de los procesos o soportar la corrupción. México definitivamente no es la excepción. Precisamente, las malas prácticas de los gobernantes mexicanos ocasionaron que el electorado se hartara y, consecuentemente, optara por el proyecto propuesto en la “Cuarta Transformación”. Sin embargo, este gobierno ha paulatinamente empeorado el desprestigio hacia los funcionarios públicos.

Los recortes de gastos, las medidas de austeridad y la desaparición de algunas instituciones han respondido a los reclamos de la sociedad ante el despilfarro y el mal uso de recursos públicos, perpetrado por administraciones anteriores. Más allá de contribuir al bienestar de la sociedad, estas iniciativas han sobrecargado de responsabilidades a los funcionarios que sobrevivieron al éxodo; repercuten en la imagen del servicio público; destruyen aspiraciones de futuras generaciones a trabajar por el bien de México e, irónicamente, fomentan la corrupción.

De acuerdo con datos de Latinobarómetro, 9 de cada 10 personas en 2019 pensaban que el principal problema en México es la corrupción en el gobierno. Conforme a los datos de confianza en servidores públicos arrojados por la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, el promedio de los encuestados fue de 4.95 en una escala de 0 a 10. La gente cree que todos los políticos y funcionarios públicos son desdeñables y mediocres, que merecen repercusiones o castigos. Cabe destacar que esto no es del todo cierto.

En el gobierno hay gente honesta, capacitada, talentosa y responsable. Se trata de una “especie” que está en peligro de extinción, ante el desvanecimiento de incentivos y el desprestigio hacia los servidores públicos.

Casi todos los funcionarios públicos trabajan largas jornadas –incluyendo fines de semana– no gozan de suficientes vacaciones y ven disminuir su salario cada año. De acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el país donde los servidores públicos trabajan más horas, con más de dos mil al año (2021). Comparado con el sector privado, los sueldos de los altos ejecutivos son mucho más elevados que incluso los de los secretarios de Estado.

La principal motivación del funcionario público no deriva de los beneficios, sino del gozo de servir al país. El reconocimiento que reciben por parte de este gobierno es eliminación de beneficios, reducción de salarios y renuncias forzadas. Por ello, antes existía el Servicio Profesional de Carrera, mismo que fue eliminado por este gobierno. No hay ahora una estructura que proteja a los funcionarios públicos de cualquier cambio de gobierno.

Tras las decisiones de esta administración, esas personas hoy no cuentan con prestaciones que resultaban muy atractivas como el seguro de separación, el seguro privado de gastos médicos. Por lo tanto, no sería raro que, de forma racional, personas preparadas y entregadas a la función pública decidan dejar este sector por no convenir a sus intereses económicos ni a encontrar una buena calidad de vida. Esta situación resulta en una pérdida de gran talento que el gobierno no debería permitir.

Un excelente ejemplo de ello es lo ocurrido con Policía Federal. De 37 mil elementos que conformaban la extinta Policía Federal quedan poco más de 10 mil en la Guardia Nacional, ello no se debió a un ejercicio por depurar la institución sino a que quienes aceptaron pasar a la institución insignia de este gobierno en materia de seguridad, lo hicieron en peores condiciones salariales y de prestaciones; perdiendo su antigüedad y grado. Quienes llevaban años en PF, quienes provenían de la PFP la Policía Federal de Caminos y por décadas arriesgaron su vida y la de sus familias, recibieron una traición del Estado y una innegable violación a sus derechos laborales. En contraste, nada garantiza que quienes sí aceptaron ganar un 40% menos sean los más honestos, preparados o capaces.

Misma situación ha ocurrido en otras ramas de la Administración Pública Federal (APF) y del éxodo de talento que ha sufrido el sector público. En los primeros dos años de este gobierno, la 4T destruyó 72 mil plazas al interior de la APF.

No debe sorprender que, muchos de estos trabajadores del Estado, anhelan la oferta adecuada para recibir un salario más competitivo en otros sectores, aprovechando su capacidad y experiencia. Otros quizá comienzan a considerar compensar las bajas salariales con recursos obtenidos por medio de actos de corrupción. En última instancia, al descartar a los funcionarios que aceptarían un cargo para tener acceso a la corrupción y a aquéllos que no aceptarían el puesto por el salario bajo o por la falta de prestaciones, quedan los funcionarios bien intencionados que carecen de la experiencia para ejercer el cargo.

El desprestigio del servicio público no es nuevo ni de este gobierno. Se ha exacerbado a raíz de lo poco atractivo que se ha vuelto. Es comprensible que la sociedad enarbole las palabras, las causas sociales y las medidas austeras, pero hay que planear los recortes de tal manera que atenten contra los abusos sin perjudicar a quien contribuye al desarrollo del país. Austeridad no debe implicar mediocridad. Al final, la calidad de vida que se brinde al funcionario determinará también el servicio que éste ofrezca al público. Y, a diferencia de una empresa, los clientes del sector público somos todos los mexicanos.