La reforma del Poder Judicial, que sustituye la meritocracia por la democracia para elegir jueces, magistrados y ministros, puede dar como resultado, en el mejor de los casos, juzgadores sin la preparación académica y la experiencia laboral necesarias para juzgar con justicia, y, en el peor, juzgadores incondicionales del Poder Ejecutivo, o de otros poderes fácticos (crimen organizado), algo propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de derecho.
La reforma del Poder Judicial, en la medida que puede enchuecar más el ya de por sí Estado de chueco que padecemos, ha generado mayor desconfianza entre los empresarios, lo cual se ha traducido en menos inversiones directas (que producen bienes y servicios, crean empleos, generan ingresos y contribuyen al bienestar), lo cual ha dado como resultado un menor crecimiento de la economía (que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios).
En enero la confianza empresarial para invertir directamente en México, en escala de cero (total desconfianza), a 100 (confianza total), según el Indicador de Confianza Empresarial del Inegi, fue 43.1 puntos. En septiembre fue 33.8.
En enero, la inversión directa (medida por el comportamiento de la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo), creció, en términos anuales (comparando con el mismo mes del año anterior), 12.9%. En julio, último mes para el que tenemos información, creció mucho menos, 3.9%.
Por último. Durante el primer trimestre del año la producción de bienes y servicios creció, en términos anuales, 1.8% (un año antes, primer trimestre de 2023, lo hizo al 3.8%). A lo largo del segundo trimestre creció menos, 1.0% (un año antes, segundo trimestre de 2023, lo hizo al 3.5%).
Los datos confirman la secuencia lógica: menor confianza empresarial igual a menos inversión directa, y menos inversión directa igual a menor crecimiento de la producción de bienes y servicios, y por lo tanto de la economía, con el efecto que se tiene sobre empleo, ingreso y, al final de cuentas, sobre el bienestar de las personas.
¿A qué se debe esta secuencia lógica, que comienza con menor confianza empresarial, pasando por menos inversiones directas, y terminando en menor crecimiento de la economía? A la puesta en marcha del Plan C de López Obrador, que anunció el 5 de febrero pasado, que incluye, entre otras cosas, la reforma al Poder Judicial (con la elección popular de juzgadores), la contrarreforma energética (que trasforma a CFE y Pemex, de empresas productivas del Estado, con la obligación de generar utilidades, en empresas públicas del Estado, con la obligación de contribuir, sin afán de lucro, al bienestar social), y la desaparición de varios órganos autónomos (con el Gobierno federal asumiendo sus funciones), todo lo cual puede dar como resultado, desde un peor desempeño de Pemex y CFE, hasta un Poder Judicial subordinado el Ejecutivo federal, pasando por una mayor concentración de poder en las manos de la Presidencia de la República (¿debo escribir “República”, entrecomillado?).
Ante la desconfianza generada entre los empresarios por la aplicación del Plan C, que ha venido avanzando, Sheinbaum se reunió la semana pasada con empresarios, a quienes les dijo, resumiendo su mensaje en dos palabras: Confíen, inviertan. ¿Será suficiente?
Continuará.
