¿Malversación?

En el anterior Pesos y Contrapesos pregunté si, dada la no retroactividad de la ley (Art. 14 constitucional), y la Ley Federal para la Revocación de Mandato se promulgó el 14 de septiembre de 2021, tendrá lugar la consulta para la revocación del mandato presidencial. La respuesta es sí, con costo de $1,275,000,000, dinero tirado a la basura porque, sea cual sea el resultado, AMLO seguirá en la presidencia.

¿Cómo es posible que se destinen $1,275,000,000 a un ejercicio bueno para nada? ¿No hay una instancia (que tendría que ser estatal, no gubernamental), que evite tal despilfarro? Y si no la hay, ¡debería haberla!, sobre todo para casos como éste, en el cual queda claro que la consulta para la revocación del mandato presidencial, en el caso de AMLO, dada la no retroactividad de la ley, es un ejercicio bueno para nada, como bueno para nada será ese gasto de $1,275,000,000, lo cual es antieconomía en su máxima expresión: despilfarro, derroche, dilapidación.

Una de las causas del problema, y de los muchos desperdicios de dinero de parte del gobierno, es la manera en la que éste obtiene sus recursos: cobrando impuestos, obligando a los contribuyentes a entregarle parte del producto de su trabajo, de su ingreso, de su propiedad, que en eso consiste el cobro de impuestos, lo cual hace posible, entre otras muchas arbitrariedades, que el gobierno disponga de recursos para dilapidarlos, derrocharlos, despilfarrarlos. ¿Cuántos ciudadanos, estando al tanto de la no retroactividad de la ley, financiarían voluntariamente esta consulta de revocación del mandato presidencial? Ninguno en su sano juicio, por más que quieran que AMLO se vaya.

Comparemos la manera de generar ingresos de empresarios y gobernantes. El empresario, si quiere generar ingresos, debe convencer al consumidor para que compre el bien o servicio que le ofrece, para lo cual debe ofrecerlos con la trilogía de la competitividad: menores precios y/o mayor calidad y/o mejor servicio. Al gobernante, si quiere generar ingresos (o más ingresos), le basta con obligar al contribuyente a entregarle parte (o una mayor parte), de su ingreso, del producto de su trabajo, de su propiedad, lo cual, si la persona tiene el derecho al producto íntegro de su trabajo, y lo tiene, debe encontrar la justificación correcta, misma que, dada la no retroactividad de la ley, no existe en el caso de los recursos destinados a la consulta para la revocación del mandato presidencial, que sumarán $1,275,000,000: un mil doscientos setenta y cinco millones de pesos.

¿Estaremos ante un caso de malversación de fondos, de uso indebido de recursos del erario, en este caso para financiar un ejercicio bueno para nada? Y si es así, ¿qué podemos hacer los contribuyentes para evitarlo?