20 iniciativas: el colofón

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso un paquete de 20 reformas, 18 de ellas constitucionales y dos de carácter administrativo.

Sería imposible resumir su contenido en este espacio; no obstante, pueden clasificarse en varios bloques: reformas del bienestar; pensiones; reforma al Poder Judicial; austeridad republicana y remuneraciones y reforma Electoral. El contenido preciso ya ha sido difundido por todos los medios. La discusión en el Congreso empieza desde la actual Legislatura y, posiblemente, se extienda hasta la siguiente.

Las iniciativas han promovido un verdadero revuelo en la opinión pública generando, como ya es costumbre, una enramada de opiniones, críticas y desvalorizaciones en contra, al mismo tiempo que se refrenda el apoyo desde distintos ángulos a las propuestas del Ejecutivo.

Uno de los elementos que mayor polémica ha causado radica en determinar el propósito u objetivo de las iniciativas. A diferencia de administraciones anteriores, cuando el Gobierno saliente se avocaba a un término tranquilo y suavizado para a dar paso a la siguiente administración, ahora, llama la atención la proactividad oficial.

Se desprenden tres hipótesis en torno a su objetivo: (1) un último esfuerzo del Gobierno por cumplir con los compromisos adquiridos que en muchas ocasiones han enfrentado diversos obstáculos, principalmente de carácter legislativo; (2) marcar una agenda para la próxima administración, como un proceso integral y transexenal de la Cuarta Transformación; y (3) una estrategia electoral tendiente a fortalecer la posición del oficialismo.

En los tiempos actuales, difícilmente se puede descartar cualquiera de las hipótesis anteriores, pues las tres aparecen como claramente plausibles. En todo caso, desde mi punto de vista, lo más importante es que las propuestas oficiales en la coyuntura actual anulan la postura de negación absoluta, e incluso, muchas veces irreflexiva, de las propuestas oficiales que en repetidas ocasiones hemos visto en la discusión pública.

Ahora, por el contrario, en el contexto electoral que vivimos, hemos visto que la oposición se ha tenido que sumar a la discusión de una manera más seria y reflexiva frente a las propuestas del Ejecutivo, por lo menos en aquéllas que claramente marcan un beneficio social para la población más desprotegida.

En este contexto, considero que, de las 20 reformas propuestas, al menos 12 podrían enfrentar muy pocas dificultades para su aprobación, dado el claro beneficio social que pretenden. Por otro lado, tres de ellas van a requerir de una discusión profunda y podrán aprobarse con modificaciones (prohibición del maíz transgénico, modificación de las pensiones, y liberar las vías de ferrocarril para trenes de pasajeros). Las restantes, relacionadas a la elección por voto popular de magistrados, consejeros y ministros, así como la desaparición de los organismos autónomos, la desaparición de legisladores plurinominales y la incorporación de la guardia nacional a la Sedena, seguramente no serán aprobadas.

Una de las reformas más polémicas es la referente a las pensiones. La propuesta ha sido restringida drásticamente respecto de lo que se pensaba y, por tanto, su costo fiscal. Ahora, incorpora únicamente a los trabajadores que ganen menos de 16,777 pesos mensuales (se irán actualizando) quienes accederán a una pensión del 100 por ciento de su último salario, una vez que cumplan los 65 años y sólo si comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. La discusión seria es a todas luces bienvenida. Veremos si es posible.