El aumento del huachicol

Días antes de terminar el 2018, y recién llegado a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador presentó una “estrategia” para acabar con el robo de combustible, el llamado huachicol. En ese entonces se dijo que las pérdidas por ese robo eran de unos 60 mil millones de pesos, y que con ese dinero recuperado se podría financiar el 40 por ciento de una refinería de Dos Bocas.

Pues no se ha logrado ni una ni la otra. Resulta que las pérdidas por combustible robado son enormes. Según los propios datos oficiales, este delito ha crecido un 117 por ciento respecto al sexenio anterior y la refinería de Dos Bocas no solamente no se pagó con el supuesto ahorro del robo de combustible, sino que tiene un sobrecosto de por lo menos el doble de lo planeado y aún no procesa un solo barril de gasolina.

Muy rápido nos olvidamos de las cosas. Usted recordará, sobre todo si vive en la Ciudad de México, que para el 4 de enero del 2019 amanecimos con filas interminables en las gasolinerías por compras de pánico porque el combustible era escaso. Todo era caos, nunca recuerdo haber vivido algo similar. Cualquiera que quisiera llenar su tanque podía tardar horas en la fila y la gasolina la racionaban.

La falta de abasto duró varias semanas. A los pocos días, el caos ya no sólo era en la Ciudad de México y el centro del país, estados como Nuevo León empezaron a sufrir esta escasez y se repitió la crisis.

El 15 de enero de ese año, una toma clandestina en el ducto Tuxpan-Tula, en la localidad de Tlahuelilpan, explotó. Decenas de habitantes llegaron a llenar sus bidones con gasolina, cuando se dio una explosión que mató a 135 personas y dejó a más de 50 heridos.

Se dijo que los ductos dejarían de operar y se compraron decenas de pipas para trasladar la gasolina, que supuestamente iba a resguardar el Ejército.

Con todo y las pipas compradas, era obvio que no se podía abastecer el combustible para todo el país de esta forma. Por esto se le destinaron millones de pesos, que tampoco sirvieron para mucho.

En cuanto a las pipas usadas por Pemex para transportar combustible y evitar que siguiera la ordeña de ductos, en 2021 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó varias irregularidades en el proceso de compra de unidades que el Gobierno federal realizó en 2019.

En su informe entregado a la Cámara de Diputados, la ASF detalló que en la cuenta pública de ese año encontró que las pipas adquiridas no fueron entregadas en el plazo previsto, no reunieron las especificaciones técnicas establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y no se efectuó una inspección de unidades.

Y es que debemos recordar que a principios de 2019 se anunció la compra de 571 pipas, con un costo de 85.3 millones de dólares y con una capacidad de transporte total de 116 mil 896 barriles de combustible.

Riesgo latente

Mientras que el resto fueron arrendadas por Pemex Logística, operada por personal adscrito a la Sedena.

Para justificar la compra de pipas, el Gobierno federal aseguró que se incrementaría en una cuarta parte el transporte de gasolinas vía terrestre; sin embargo, la ASF observó que la cantidad transportada por carretera incluso se redujo en un 0.1% en 2019.

Pese a estas irregularidades, Pemex anunció la actualización de su flota de pipas destinadas al transporte de combustibles a nivel nacional, alcanzando un total de dos mil 437 unidades al cierre del año 2023.

Esto, sin importar que informes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) indicaron en su momento que la utilización de pipas es el medio más costoso para trasladar combustibles. Por cierto, la CRE es uno de los organismos independientes que el Presidente López Obrador quiere desaparecer.

Después del desbasto de gasolina en el 2019, los ciudadanos le perdonaron al Gobierno la escasez de gasolina y la mayoría pensó que, efectivamente, se iba a reducir el robo de combustible. La ciudadanía justificó la escasez de gasolina pensando que se estaba combatiendo el robo de combustible. Fue un engaño más.

Han pasado cinco años del inicio de la estrategia para combatir el huachicol y, recientemente, el Presidente López Obrador insistió que el desvío de combustibles hacia el mercado ilegal se ha reducido en más de un 90% y que se han generado ahorros por 136 mil millones de pesos.

La realidad y las propias cifras oficiales demuestran que en cuatro años la ordeña de ductos de Pemex se incrementó y es esta administración federal la que reporta más casos.

Los datos entregados por Pemex a través de Transparencia muestran que de diciembre de 2018 a octubre de 2023 se han registrado 62 mil 441 tomas clandestinas a ductos donde se transporta gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (LP).

Mientras que la administración pasada, encabezada por Enrique Peña Nieto, Pemex reportó 28 mil 835 perforaciones ilegales, lo que significa un crecimiento de 117 por ciento.

Puebla, Hidalgo y el Estado de México siguen siendo las entidades donde más se cometen este tipo de delitos, no sólo por parte de grupos criminales, también la población está involucrada en este negocio, que, en todas sus modalidades, representa cerca de 30% de lo que se distribuye a nivel nacional.

Al aumento en la perforación de los ductos de Pemex, el riesgo a las explosiones y la compra de pipas para trasladar combustible que no se justifican, hay otro problema que incluso daña los acuerdos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues esta administración federal clausuró terminales de almacenamiento y distribución de combustibles a privados, como parte de su estrategia para el combate al huachicol.

Esto es uno de los puntos que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá argumentan como violación al T-MEC porque nuestro país no cuenta con capacidad y permisos de almacenamiento y comercialización de petrolíferos.

Hoy, el huachicol está más vivo que nunca en México.