Las niñas no se venden

En la Montaña de Guerrero, al menos 300 niñas y adolescentes indígenas fueron vendidas u obligadas a casarse a cambio de 40 mil pesos, dependiendo la edad, apariencia física y la suma se elevó a 200 mil pesos si la pequeña era virgen.

El gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, anunció que este fin de semana recorrerá la zona para encabezar los trabajos con las comunidades indígenas para entablar diálogos y poner en marcha talleres de sensibilización para buscar erradicar este problema.

Recordó que en 2019 se firmó un acuerdo con alcaldes y comisarios que tiene connotación jurídica para prohibir esta práctica que atenta contra la dignidad de las niñas y adolescentes.

La realidad es que los matrimonios forzados en las comunidades indígenas son ilegales, de acuerdo con el Código Civil de Guerrero, sin embargo, para estos pueblos las leyes que los rigen no son las dictadas en los Congresos federal o estatal, sino las impuestas a través de sus usos y costumbres.

Para muchas niñas y adolescentes que viven bajo usos y costumbres, creen que ser dadas en matrimonio por dinero es normal. Así han vivido sus madres, tías y abuelas.

Lo he platicado en este espacio, como reportera en el año 2002 visité la zona triqui, en Oaxaca, y me tocó presenciar una venta de una niña de 13 años, disfrazada de “boda”, a un hombre mucho mayor que ella.

En ese 2002 se necesitaban entre dos mil y ocho mil pesos; hoy, las cifras se han incrementado, lo vimos con lo sucedido en Guerrero, esos arreglos hoy rondan entre los 40 mil y 200 mil pesos.

Estas prácticas generalmente se dan en las zonas indígenas más pobres del país.

La comunidad que yo visité en Oaxaca es habitada por los triquis, una etnia indígena, la más pobre y marginada de la entidad, enclavada en la Mixteca Oaxaqueña.

Ahí, muchas veces las familias no tienen ni lo indispensable para subsistir y se ven obligadas a vender a sus propias hijas. Como en la mayoría de los sitios indígenas, se rigen por usos y costumbres, y comerciar con los hijos no implica delito para ellos, que dicen que sus hijas son dadas en matrimonio.

Las niñas no se le venden a cualquiera, existe una tradición en la cual el interesado platica con un señor de edad avanzada, que es elegido por la comunidad por representar la sabiduría (embajador). Éste, a su vez, consulta al padre de la muchacha para hacer el trato.

Luego platica con una mujer que lee las cartas para pronosticar el futuro de la pareja. Si el resultado es bueno, se cierra el trato. Nunca se toma en cuenta la opinión de la futura esposa y la mayoría de las menores a las que casan tienen entre 11 y 15 años.

Una vez negociado el asunto se espera a que sea miércoles por la noche; con antorchas y bebida en mano, el hombre va acompañado de su familia a pedir la mano de la niña. Se da entonces una plática con el padre y la madre, pero a la prometida no se le permite cruzar palabra alguna con el que será su marido.

Buscan poner freno

Cuando platiqué con esta niña, que tenía 15 años, y que estaba por contraer nupcias con un desconocido, simplemente nos dijo que respetaba cualquier decisión del padre.

Entre más joven, la retribución económica es mayor y la virginidad de una niña la cotiza aún más. La mayoría de las veces la desposada ni siquiera conoce a su futuro marido, y lo importante para el padre es conseguir la mejor oferta económica. Además del dinero, en el convenio están incluidos animales, como chivos o borregos, ganado, rejillas de refrescos, cajetillas de cigarros y brandy.

Si resulta que la niña ya no es virgen y se aseguró que sí lo era, en la noche de bodas, el comprador, o como lo llaman, “marido”, la puede regresar a su hogar, y el padre se ve obligado a entregar lo que recibió. La muchacha queda señalada por el pueblo y difícilmente podrá hacer su vida en ese lugar.

Pero esto también ocurre en las comunidades indígenas de Guerrero, Tabasco, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Nayarit y las sierras de Jalisco, Durango y Zacatecas.

En junio de 2019, México tuvo un importante avance en materia de derechos humanos, al impedir el matrimonio de las personas menores de edad.

Este logro fue resultado de la entrada en vigor de diversas reformas al Código Civil Federal, que prohíbe explícitamente el matrimonio infantil y adolescente, anulando también la posibilidad de que autoridades o familiares soliciten dispensas o consentimiento para contraer matrimonio antes de los 18 años.

En ese año, 31 de las 32 entidades se sumaron al compromiso, salvo en Baja California, que se alineó a partir de 2020.

Pero los esfuerzos para eliminar los matrimonios forzados vienen de años atrás, en 2016 la prohibición del matrimonio entre personas menores de 18 años de edad estaba vigente en 18 entidades del país, y varias de ellas aún contaban con excepciones y dispensas legales que lo permitían.

Pero lo más grave es que hay comunidades enteras donde estos códigos civiles no aplican, porque se siguen rigiendo bajo los usos y costumbres.

Por ejemplo: los huicholes y rarámuris evitan a toda costa apegarse a los marcos legales porque para ellos las mujeres no cuentan con su individualidad, sino que forman parte de la comunidad, por lo que ellas no tienen derecho a decir “no” cuando se trata de casamientos a cambio de dinero, bebidas alcohólicas o ganado.

Lo mismo sucede en etnias como la triqui, en Oaxaca. Y cambiar los usos y costumbres ha sido un problema político muy complicado en décadas.

Por ejemplo, en Oaxaca, desde 2013 comenzaron a aprobarse reformas para prohibir esta práctica, pero hasta 2018 era la tercera entidad con mayor porcentaje de uniones forzadas, tres de cada 10 jóvenes oaxaqueñas eran víctimas.

En octubre de 2020, legisladores locales buscaron aumentar las penas hasta por 15 años de cárcel a quienes fomentaran esta práctica.

Mientras que en Chiapas, que se sumó a las modificaciones en el Código Civil en 2016, el impacto en las comunidades indígenas es poco o nulo, ya que los matrimonios con menores de edad tienen sustento en la oralidad comunitaria, es decir, con la presencia de testigos de la unión. El ejemplo más claro en este estado ocurre en la zona de los Altos, donde hasta las cambian por bienes materiales.

Ninguna entidad tiene un informe real de cuántas niñas y adolescentes son vendidas o entregadas en matrimonio porque son “tratos a la palabra”, en los que intervienen el padre, abuelo o tutor de la menor de edad y el interesado, hombres mayores de 30 años que en muchas ocasiones, no les importa adquirir otra niña y así tener más de una esposa.

Es imperdonable que hoy en día se permitan estas prácticas que acaban con la vida de cientos de niñas y adolescentes. Se deben respetar los usos y costumbres, siempre y cuando no violen los derechos humanos de las personas, y el casar por dinero a una niña es imperdonable.