Colombia frente al precipicio

Todos los países del mundo deben encontrar la manera de enfrentar los desafíos que el coronavirus ha dejado a esta generación. La solución que gobierno y sociedad van articulando en cada país presenta características propias, aunque, en algunas, hay elementos comunes.

Latinoamérica ha sido una región en la que las tensiones económicas, políticas y sociales que ya estaban en desarrollo, y que pasaron a segundo plano tras la irrupción prioritaria de la pandemia, se mantuvieron en latencia y actualmente se expresan de nuevas y diversas formas conflictivas. Colombia es, en este sentido, un caso trágico y paradigmático.

Como se sabe, una repudiada iniciativa de reforma tributaria del presidente Iván Duque fue la que detonó, desde hace dos semanas, el ciclo de protestas sociales más desafiantes que haya experimentado un gobierno colombiano en los últimos tiempos. A simple vista pareciera una insensatez promover una decisión así. Posiblemente la recomendación de los economistas venía de un escenario en el que había que seleccionar el mal menor dentro de un mar de inconvenientes —dada la grave situación económica derivada de la pandemia— y que, mal que bien, en uno de los países latinoamericanos que con mayor celo había seguido las recetas del modelo ortodoxo y neoliberal, con el resultado de que había sido la economía más estable y blindada de las últimas cuatro décadas en la región, establecer impuestos transitorios era una medida ciertamente impopular, pero probada. Lo que definitivamente no calibró bien el gobierno de Duque fue el entorno tan adverso.

La crisis la detonó la iniciativa tributaria —que ya fue retirada y que dejó como saldo político la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla—, pero la verdad es que cualquier otra chispa podía haber encendido esa pradera. Sin remontarse mucho en los orígenes, valga señalar que la actual crisis, multifactorial, suma a nuevos actores y frentes a los colectivos que estaban presentes a finales de 2019, cuando Duque tuvo que enfrentar, y sorteó con razonable éxito, un ciclo de protestas a mucho menor escala de lo que está experimentando actualmente. Y un hecho que no es menor en el contexto actual: en septiembre de 2020, la opinión pública colombiana se conmocionó ante un caso de brutalidad policiaca, el asesinato de Javier Ordóñez. Como si no hubiera una especial sensibilidad en el mundo por el caso Floyd y en Colombia por el caso Ordóñez, el desmedido uso de la fuerza pública para intentar controlar las actuales protestas sociales es, justamente, lo que tiene en el ojo del huracán al gobierno de Duque, que se ha ganado la crítica internacional. Nada, absolutamente nada, justifica la represión que al día de hoy tiene un saldo de 27 muertes, centenas de heridos y un número indeterminado de desaparecidos. Con justificada razón, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) concentra la ira de los manifestantes.

Y como telón de fondo, la cuestión electoral. Exactamente dentro de un año habrán de celebrarse elecciones generales, incluyendo la renovación en la presidencia, donde difícilmente Duque podría conseguir la reelección. Así que, sin duda, muchas de las conductas de los actores en la actual crisis se explican porque tienen la mira puesta en las urnas en mayo de 2022.