Un pleito menos con Estados Unidos

La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, informó que ha quedado sin efecto la controversia comercial que inició Estados Unidos contra México precisamente por la Reforma Eléctrica.

Es una gran noticia para las inversiones en México y para que se puedan exportar productos mexicanos a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos.

Recordemos que Estados Unidos había comenzado una controversia el 20 de julio de 2022, en la que se especificaba que había violaciones a cuatro capítulos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Lo advertían desde la Oficina del Representante Comercial de EU, hasta los funcionarios de USTR, que denunciaron como violatoria del acuerdo comercial regional la decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de 2019 para ampliar hasta el año 2025 el plazo para que Pemex reduzca el contenido de azufre en el diésel comercial (de 500 a 15 partes por millón).

Pero el que quede sin efecto esta controversia comercial con Estados Unidos no es un logro del Gobierno federal, sino que el  pasado 31 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde 2021 promovía.

El máximo tribunal le dio la razón al amparo interpuesto por seis empresas luego del voto de desempate que dio el ministro Alberto Pérez Dayán, el cual hizo con su voto de calidad como presidente de la Sala, aplicando el artículo 56 de la Ley de Amparo, que lo permite cuando se aprueba la excusa manifestada por un ministro.

Al ministro Pérez Dayán, desde ese momento, lo empezaron a atacar e incluso, trataron de hacerle un juicio político por esta resolución.

Sin este amparo, hoy no hubiera podido salir la secretaria Buenrostro a darnos la noticia de que esta controversia con Estados Unidos estaba resuelta.

Cuando la Suprema Corte de Justicia no permitió que se aprobara la Reforma Energética que se había propuesto, provocó que los diputados federales de Morena, encabezados por la vicecoordinadora parlamentaria, Aleida Alavez Ruiz, buscaran un juicio político en contra del ministro Pérez Dayán, a quien acusan de ejercer de forma indebida sus facultades y de contribuir a una violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Argumentan que el ministro, en su calidad de presidente de la Segunda Sala, debió abstenerse de emitir un voto y, en su lugar, buscar una solución alternativa para el desempate, como incorporar a otro ministro o llevar el asunto al pleno de la Corte.

Lo que estos diputados no están entendiendo, es que esta reforma es violatoria a los acuerdos comerciales, que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y que si se llega a romper este acuerdo sería muy dañino para las inversiones y exportaciones de México, que dejan muchísimos millones de dólares al país.

Nacionalización energética

Si la decisión del ministro Pérez Dayán no se hubiera dado en la Suprema Corte, los efectos de la nueva política energética también hubieran tenido consecuencias graves para nuestro país.

De entrada, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), costaría a los mexicanos más de 500 mil millones de pesos, considerando las inversiones privadas vigentes en proyectos de generación de energías limpias y la renovación de las plantas de la CFE.

Mientras que la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos indicó que con esa Reforma Eléctrica se viola el T-MEC, en los Capítulos 14 y 32, al no dar un trato equitativo a los participantes privados, nacionales e internacionales, en el mercado eléctrico.

Además, el Imco advertía que se estaba enviando un mensaje de incertidumbre jurídica que no sólo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional, como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho.

Al desincentivar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, se eliminan los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos.

Por favorecer a la CFE habría un impacto negativo en la transición energética al reducir y desincentivar las posibilidades de inversión privada en energías renovables.

Además, eliminaría los mecanismos de inversión privada existentes en la transmisión y distribución eléctrica (asociaciones público-privadas o instrumentos financieros como los CKD, Cerpi o Fibra E), obligaría a la CFE a incurrir en la totalidad del gasto de capital necesario para expandir y modernizar la infraestructura de redes.

Los datos del Imco indican que con la Reforma Eléctrica se podría perder la oportunidad para que México se consolide como una alternativa de inversión en el contexto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Reportes de la Secretaría de Energía (Sener) indican que la participación privada en el sistema eléctrico incluye al menos a 255 empresas de autoabastecimiento, pequeña producción, exportación e importación y actualmente se cuenta con mil 407 permisos de generación vigentes.

Esta nueva reforma energética planteaba la desaparición de los órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como la integración del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la empresa del Estado.

Es una buena noticia, sobre todo que siga abierta la posibilidad para que México pueda trabajar con otras energías más limpias, que contaminen menos y que sean más económicas.

Todo parece ser que el principal beneficio de esta reforma energética es fortalecer a la empresa estatal CFE, pero a los que hay que apoyar es a los consumidores, que puedan tener otras fuentes de energías y además, fortalecer las inversiones en México.

Estamos en pleno 2024, no en los años del Presidente Echeverría o López Portillo. El mundo ha cambiado y México tiene que ver lo que más le conviene para el futuro.

Por lo pronto, con o sin juicio político y por la decisión del ministro Pérez Dayán, hoy ha quedado sin efecto la controversia comercial que inició Estados Unidos contra México, precisamente por la Reforma Eléctrica.