Terrorismo en México

D esde el 2019, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que declararía a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Tácticas de terror

Y de considerar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas se darían complicaciones políticas, sociales, comerciales y económicas, con un impacto muy  negativo para México.

Para empezar, para Estados Unidos tener organizaciones terroristas que atenten contra su población es inadmisible. Especialistas aseguran que si se considera que en México hay grupos terroristas, Estados Unidos podría desplegar recursos, estrategias de seguridad y financiamientos vinculados a la lucha contra el terrorismo e, incluso, intervenir en nuestro territorio.

No es un tema nuevo. Recordemos que, por ejemplo, en esta lista de organizaciones terroristas extranjeras han figurado organizaciones como ETA, Al-Qaeda y el Estado Islámico de Irak

Por estas razones se dio la invasión en Afganistán.

En el último año han muerto en Estados Unidos más de 100 mil personas por sobredosis de drogas, pero por lo menos 66 mil fallecieron por opioides sintéticos, como el fentanilo. Autoridades estadounidenses culpan a los cárteles mexicanos de la fabricación e introducción de esa droga a su país.

Bajo ese argumento, 21 fiscales estatales republicanos pidieron al presidente Joe Biden que declare a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Los procuradores, todos republicanos, le enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, y al presidente Joe Biden, a quien le pidieron “ejercer el poder que le ha conferido el Congreso para tomar medidas rápidas y decisivas para abatir este mortífero azote”.

Otro de sus argumentos para considerar a los traficantes como terroristas, más allá del daño que hacen a las personas con la droga, es que han creado y mantenido fuerzas armadas para proteger su negocio y combatir a grupos rivales y al mismo Gobierno mexicano.

Lo que no dicen los fiscales estadounidenses es que muchas de esas armas provienen de Estados Unidos, y que son precisamente los republicanos los que han cabildeado para que se permita la venta de armas casi sin control. Hace poco el presidente Joe Biden pasó una ley en Estados Unidos para que los traficantes de armas tengan sanciones muy altas.

Muchos de los fiscales estadounidenses consideran que nuestro Gobierno no tiene la capacidad para controlar a esas organizaciones criminales, lo que las convierte en una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y si esto lo creen los estadounidenses, también podría ser una amenaza para nuestra soberanía.

La petición de los fiscales la encabezó el de Virginia, Jason Miyares, y ocurrió el 8 de febrero pasado, un día después del discurso sobre el Estado de la Nación pronunciado por el presidente Joe Biden, quien dedicó parte de su discurso a la problemática de las drogas, específicamente al trasiego ilegal de fentanilo.

Alan Wilson, fiscal general de Carolina del Sur, detalló en la carta que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación importan precursores químicos de China para la producción de opioides sintéticos de mala calidad que introducen por la frontera sur y llegan hasta sus comunidades.

El fiscal Wilson recordó el caso “Las Señoritas”, en el que 43 personas, de las cuales, 20 eran mujeres, en su mayoría de origen hispano, integraban una célula criminal ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación distribuían metanfetaminas en Carolina del Sur.

La petición de los fiscales no es nueva, en septiembre del año pasado el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva para considerar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas.

Además, ordenó a su Departamento de Seguridad Pública que tomara acciones inmediatas para proteger a los texanos, y que comenzaran a identificar a las pandillas que operan para los grupos criminales y les decomisaran sus bienes.

También envió una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta, Kamala Harris, para que clasificaran a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como “terroristas federales”.

Estos dos grupos criminales, aseguró el gobernador, han sido identificados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como los principales distribuidores de fentanilo en Estados Unidos.

Para el gobernador “el fentanilo es un asesino clandestino y los texanos están siendo víctimas de los cárteles mexicanos que lo producen” y, según sus estadísticas, el fentanilo mató a más estadounidenses en 2021 que todos los ataques terroristas de los últimos 100 años.

Y no sólo los cárteles mexicanos son un peligro para su estado. Greg Abbott ve en los migrantes ilegales una amenaza. Por esa razón, a finales del mes pasado designó a Mike Banks como el nuevo encargado de la oficina que coordinará la lucha contra la migración indocumentada y el tráfico de armas y drogas.

Las implicaciones que traería designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas serían que las castigos y sanciones alcanzarían a todos aquellos que colaboren con ellos y serían acusados de colaborar con el terrorismo.

Los acusados podrán ser deportados o rechazados de Estados Unidos y sus activos y cuentas bancarias podrán ser bloqueadas, y el gobierno de Washington puede pedir a otras naciones replicar los castigos. Además, podría imponer sentencias más largas a los detenidos.

Al considerarlos una amenaza prioritaria peligrosa para su seguridad nacional, ya no necesitarían una orden para catear un domicilio o ingresar a un equipo de cómputo.

Reitero, las sanciones ya las han aplicado a grupos terroristas de Medio Oriente, como el Estado Islámico o Al Qaeda, así como a funcionarios de varios países, como Venezuela y Nicaragua.

En 2017, el Departamento de Estado estadounidense incluyó en su lista negra de sanciones a Ismail Haniyeh, jefe del movimiento palestino Hamas, a quien considera un terrorista y autor de múltiples ataques contra Israel.

La semana pasada la organización InSight Crime publicó un informe en el que señala que en 2022 América Latina fue la región más violenta, con el mayor número de homicidios debido al tráfico de armas y drogas en la que los grupos criminales son los protagonistas y su mercado principal es Estados Unidos.

El Gobierno de México tiene que acotar a los grupos criminales, estos grupos criminales que están contaminando y afectando también a la sociedad mexicana. De no hacerlo, los estadounidenses podrían ser los que controlen a estos grupos, acusándolos de terrorismo e invadiendo nuestra soberanía.