Por decreto

El decreto con el que se castigará a los altos funcionarios del Gobierno federal a quedarse sin aguinaldo o sin una parte de esta prestación, para que sean destinados a la atención de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 este año, ha sido un terremoto al interior del Gobierno.

“Pero va bajando, el Presidente cero, creó que 20 días para secretarios… Todos van a recibir (aguinaldo), pero los altos funcionarios van a recibir menos, voluntariamente, si lo desean aportar... y en el caso del Presidente es el único que no va a recibir aguinaldo” fueron las palabras del mandatario mexicano esta semana.

Aunque nadie se atreve a hacerlo público, me dicen personas muy cercanas al Presidente Andrés Manuel López Obrador que la inconformidad está a flor de piel y hasta podríamos decir que es una olla exprés a nada de estallar.

La política de austeridad ha tocado a los más cercanos al mandatario, quienes ya desde hacía un par de meses, deben regresar —voluntariamente a fuerza— parte de su salario.

Esta devolución del salario en plena crisis económica generada por la epidemia, es depositada en una cuenta de la Tesorería de la Federación, que es la que ha estado recolectando todas esas aportaciones para la causa de la 4T.

Según me cuentan, nadie lo reconocerá públicamente, pero la orden de devolver el aguinaldo afecta a todos los trabajadores, aunque sean de los de “mero arriba”.

El decretazo no se queda en una mera orden para que reciban menos días de aguinaldo, sino que ha significado también un distanciamiento de López Obrador con personas que históricamente han estado a su lado y quienes se enteraron del recorte en plena mañanera y sin nadie avisarles o con un anuncio previo. El mandatario no los sensibilizó y les cayó como balde de agua helada.

Las inconformidades —me platican fuentes del primer círculo del Presidente— no sólo son por la falta de comunicación entre el Presidente y sus funcionarios, sino porque aseguran que el Ejecutivo podría mejorar el gasto en otras áreas del Gobierno y así obtener recursos, pero no ha querido hacerlo y lejos de consensuarlo ha preferido ordenar un recorte.

Estas aportaciones “voluntarias” se están replicando en otras áreas y niveles de Gobierno, como las alcaldías, donde el pase de charola para cumplir con la causa de la Cuarta Transformación se ha hecho un hábito y una práctica muy común. Los trabajadores aportan de su salario, aunque en muchas ocasiones, no tienen claro cómo es que se maneja ese recurso ni si realmente se está destinando al combate de las afectaciones generadas en todos los rubros por el Covid-19.

En el baúl. La política de austeridad está afectando ya al Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde de plano se han tenido que abandonar excavaciones donde se ha encontrado patrimonio histórico del país. Los arqueólogos no reciben ninguna explicación, más que el aviso de que la suspensión de trabajos en distintos puntos se debe a la falta de recursos para continuar, aunque en muchas ocasiones esas labores son financiadas por particulares.