Violencias LGBT+ y 100 mil desaparecidos en México

Sólo alguien muy necio negaría que en México, actualmente, se vive la peor crisis de derechos humanos en mucho tiempo. Los ámbitos, datos e indicadores son de muy diversa magnitud, pero todo apunta al mismo diagnóstico. Tomo como referencia dos hechos puntuales:

La evaluación anual en ocasión de la conmemoración del 17 de mayo —Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia— y el anuncio de la Comisión Nacional de Búsqueda —con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas— de que en el país, según datos oficiales, se rebasó la cifra de 100 mil personas desaparecidas.

Si bien es una obviedad que no son problemas generados en la presente administración, también es definitivamente cierto que es su responsabilidad política hacer todo lo necesario para resolverlos y, para empezar, por supuesto, no generar incentivos para empeorar las crisis.

En el caso específico de las 100 mil personas desaparecidas, las cifras se remontan a 1964, cuando se empezó a construir la basa de datos. Pero el incremento en los últimos años es alarmante: sólo en 2021, más de 9 mil 700 personas desaparecieron. Ese año, en noviembre, y a manera de preludio de una situación que hoy se confirma, en ocasión de la última visita del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, se emitió un informe contundente sobre la gravedad del problema.

Hay varios factores que ayudan a comprender este lastre. Es evidente que una importante proporción de esas desapariciones son cometidas por el crimen organizado, y, mientras éste siga actuando con la impunidad que todos atestiguamos, nada va a cambiar. En algo absolutamente delirante, apenas hace unos días supimos de una escena digna de Mad Max, en Nueva Italia, Michoacán: la persecución de militares por una caravana de delincuentes. Esto, por supuesto, se inserta en la ausencia de una política articulada de seguridad, lo que tiene al país preso en una espiral de violencia que el Gobierno, lejos de contener, incentiva a empeorar y empeorar.

Por lo que respecta a las violencias contra la comunidad LGBT+, el panorama en México tampoco es, de ninguna manera, alentador. Igualmente vinculada con la violencia generalizada en el país, aquí lo grave es el componente de odio.

Y no se ve que haya voluntad para articular una política pública de combate a las distintas fobias LGBT+, derivado de las cuales lamentablemente se siguen reproduciendo distintas formas de agresión en espacios públicos y privados: exclusión, estigmatización, discriminación, agresiones físicas y, en el extremo, asesinatos por orientación sexual o identidad de género. No hay más que revisar los informes del Conapred —por cierto, a punto de cumplir dos años sin que se le nombre titular— en lo que va de la administración y los alarmantes datos en términos de agresiones que se reflejan en la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género y la Encuesta Nacional sobre Discriminación.

En cualquier país, la conquista de plenos derechos para las comunidades LGBT+ es un inequívoco indicador de avance de los derechos de la sociedad en su conjunto. No entender eso es ir en contra del interés comunitario. Así de simple.