Ciencia, presupuesto y fiscalidad

Con motivo del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el 13 de noviembre, en el Museo Tezozómoc de difusión de ciencia y tecnología del IPN, las redes de apoyo a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, urdidas en diversos sectores de la comunidad científica iniciaron un mes de actividades públicas destinadas a subrayar el papel que los conocimientos científicos desempeñan no sólo en el desarrollo, sino también en el fortalecimiento del bienestar social, la igualdad y la convivencia pacífica.

La ONU desea promover con esta conmemoración las obligaciones que los Estados nacionales han contraído ante la comunidad internacional para administrar sus aparatos científicos, educativos y tecnológicos como parte sustantiva del ecosistema de los Derechos Humanos, precisamente el eje que da coherencia conceptual a la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación promulgada por el gobierno en turno, y a su brazo rector, el Conahcyt, responsable de un rediseño del sector todavía en curso.

Esas redes tienen como punto de referencia de sus tareas públicas y activo a su favor el modelo de gestión gubernamental, puesto en marcha en la CDMX a partir de 2018, cuya trama administrativa, política y jurídica insertó el despacho de ciencia y educación en el eje de políticas públicas como la movilidad urbana, el reciclaje de residuos en fuentes de energía limpia, la prevención de sismos, o la renovación del cerebro digital del Sistema de Transporte Colectivo.

El sector que tiene mayor peso en las redes de apoyo gravita en los contingentes dedicados a la educación media superior, la innovación técnica y la investigación tecnológica. Este hecho se contradice con el perfil profesional de quien será candidata a la presidencia por Morena, con los problemas de administración pública que han cobrado una relevancia cada vez mayor (p. ej. cambio climático, conversión energética), y con la vocación social de quienes se educan y se dedican al desarrollo científico tecnológico. El IPN y el TecNM, así como organismos desconcentrados y descentralizados que se ocupan desde hace decenios a la construcción y gestión de la infraestructura material del Estado mexicano, constituyen la robusta e influyente plataforma de actuación de estos contingentes. Las prestigiosas universidades tradicionales del país no tienen una presencia destacada en este contexto.

La posición estratégica de estos sectores (además de su notable caudal humano), que ya han tomado partido, es de tal importancia que no puede ser soslayada en la agenda de quien se aproxima a la contienda electoral propiamente dicha, traducida en programa de gobierno. Tales demandas implican cuantiosos recursos económicos y delicadas modificaciones del orden jurídico para su aplicación eficiente (como la reconsideración de ciertos fideicomisos del sector).

Estas demandas afectan el conjunto de la esfera presupuestal y un debate postergado por el debate público de la izquierda: la recaudación fiscal. El apoyo de esta red científico-tecnológica a una trayectoria electoral no sólo ha sido muy estimable, sino que también ha contribuido a vigilar su identidad en materia de ciencia y educación. Ahora ha llegado el momento de pensar en su realidad presupuestaria.