Ancira, rehén de dos mundos

El ex presidente de Altos Hornos de México es pieza de alto valor político para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Pedro Sánchez, es moneda de cambio según los intereses de cada administración: aquí, un cimiento sobre el cual afianzar el discurso “anticorrupción” para el proceso electoral 2021; en España, ficha de alto valor para los intereses de sus multinacionales que tanto se cuidan independientemente de la filiación política de los gobiernos.

A mediados de noviembre, luego de una larga cadena de adjetivos y amenazas, estuvo en México la ministra de asuntos exteriores de España, Arancha González, que sin irse por las ramas llegó ante el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para exponer su preocupación por el freno y amago a las inversiones españolas.

Tres asuntos, nos dicen, fueron cruciales: la eventual “expropiación encubierta” de activos propiedad de Iberdrola, que comanda Ignacio Sánchez por parte de la CFE, de Manuel Bartlett; otro, el de OHL Construcciones, que dirige José Antonio Fernández, que aún tiene diversos pendientes en cumplimientos de obra que afectan la contratación de obra nueva (o terminar la inconclusa) aun cuando el control de la empresa haya sido comprada por los mexicanos Luis y Mauricio Amodio que compró también la constructora CAABSA; y el tercero, la preocupación sobre la manera en que el Gobierno mexicano aprestaba la compra de convoyes para la Línea 1 del Metro y del Tren Maya, concursos donde la china CCRR, que lidera Liu Hualong, se podía imponer sobre CAF.

Unos días después del arribo de la ministra González, los tribunales españoles apuraron el procedimiento para negar al exjefe de AHMSA el estatus de perseguido político y extraditarle a México… pero de esto hace ya tres semanas y Ancira sigue “del otro lado del charco”, lo cual podría revelar el efecto del portazo que se llevó CAF, aquí dirigida por Max Zurita, en la licitación de la Línea 1 donde la dirección del Metro, a cargo de Florencia Serranía, optó por la china CRRC.

Así que literalmente, la moneda, el rehén, sigue en el aíie.

Outsourcing, PTU, deducciones. El espacio que se despejó hasta febrero de 2021 para profundizar la discusión sobre la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para criminalizar y desaparecer la tercerización laboral dejó cuatro aspectos latentes en las dirigencias empresariales en el CCE que preside Carlos Salazar. 1) La posibilidad de llegar a un acuerdo pragmático como el existente hasta febrero del 2020; b) la incertidumbre por un posible “madruguete legislativo” como ya ha sucedido; c) Mantener unidad luego de las discrepancias que llevaron a Enoch Castellanos, líder de Canacintra, a reclamar públicamente a Francisco Cervantes —líder de Concamin— el pronunciarse en nombre de todo el empresariado de acuerdo con el proyecto oficial; d) el debate sobre la distribución de utilidades y deducibilidad de salarios y prestaciones. En este último, la negociación busca cambiar el criterio de distribución de utilidades del 10% al 15% de las obtenidas por las empresas a un tope de entre 4y 5 veces salarios mínimos en caso de que las compañías generen ganancias netas… y está por verse cómo procederá el SAT, de Raquel Buenrostro con la deducibilidad de salarios y el 48% de las prestaciones.

Segob escucha acreedora(e)s ICA. Hace unos días las empresarias y empresarios Pyme que exigen en plantón que ICA les pague 54 millones de pesos de adeudos, recibieron toda la atención de la Secretaría de Gobernación: los representantes de Olga Sánchez Cordero escucharon a Elideth Sierra, Meliana del Carmen Chávez, Livier Ruiz, Alejandra Villa y Arnulfo Godínez, y conocieron de los expedientes que demuestra los impagos de la empresa de David Martínez, así como de los estratagemas de la directiva Guadalupe Phillips para no pagar… incluido el amago, filtraciones al campamento de plantón así como un cobarde y violento intento de desalojo. Y en Bucareli les dijeron, “aguanten, se hará justicia”. Quiero creer en Segob.