Fascismo Alimentario y Agentes Aticheetos

La primera propuesta para aplicar un Impuesto Especial a la Producción y Servicios a los refrescos, para presuntamente financiar la prevención de la obesidad, fue de José Antonio Meade cuando era subsecretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón; ahora es Morena, mediante el senador Salomón Jara, quien propone otra vuelta de tuerca al impuesto con el cual se recaudó 272 mil 449 mdp de 2012 a la fecha. 

Esa estratosférica cifra, sin embargo, no se canalizó primordialmente para construir espacios deportivos, bebederos en escuelas públicas y/o una efectiva educación física y alimentaria. Ese impuesto no cambió el patrón de consumo, como tampoco lo hizo el IEPS a tabaco que en esos mismos 8 años captó 323 mil 727.6 mdp sin que se redujera la adicción (sobre todo a temprana edad) al cigarro, puros y/o vapeadores, pero permitió la proliferación de productos de contrabando y apócrifos que llegó a representar 17% del mercado.

La enseñanza que queda para los secretarios de Salud, desde José Ángel Córdoba hasta Jorge Alcocer es que los impuestos sobre bienes de consumo con una elevada inelasticidad/precio es que no educan al consumidor, pero resulta una enorme fuente de recursos para el gobierno en turno. Sin embargo, ahora se pretende hacer a un lado los esfuerzos educativos y promoción de estilos de vida saludables para establecer una política prohibicionista en la que el Gobierno federal (como ya lo impuso la mayoría de Morena en el Congreso de Oaxaca y también se busca en Colima) no permita que menores de 18 años adquieran refrescos o chuchulucos; se renuncia a las armas del sentido común y conocimiento para imponer una demonización de productos y más impuestos. Este tipo de control central —que mucho admira el subsecretario Hugo López Gatell, máxime ahora que la pandemia de Covid-19 se le fue de las mano — tiene un efecto ya reportado con el tabaco: las Pymes de botanas, dulces y bebidas edulcoradas, se irán al sector informal y el tráfico de esos productos será tal que el Gobierno necesitará #AgentesAntichetos para detenerlo.

Adeudos Conaliteg. Afortunadamente la mayoría de los libros de texto gratuitos ya fueron entregados a las escuelas primarias por la Conaliteg, que dirige Antonio Meza, 120 millones de ejemplares por los que se ofreció pagar cerca de 900 mdp. La fabricación y distribución no se convirtió en un nuevo escándalo para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero queda un pendiente nada menor, unos 110 mdp que el intermediario Secundaria Editores y la Conaliteg adeudan a Editorial Xalco, de Roberto Cortés por 36 millones de libros de primaria. Lo que es parejo, no es chipotudo.

Otra en el IMSS. Algo feo se puede estar fraguando (como en su momento lo hizo Vitalmex de Jaime Cervantes) al interior del Instituto que lleva Zoé Robledo, esta vez con la proveedora Hemoser, de Ignacio Higareda. Diversas fuentes afirman que incumple con el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022, lo cual podría poner en riesgo a miles de vidas. Extrañamente el director de prestaciones médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja, está renuente a revisar y eventualmente sancionar a su proveedor del contrato LA-050GYR988-E7-2019 que costará la “irrisoria” suma de hasta 3 mil 181 mdp. 

Parche ambiental. Como se sabe, fueron finalmente 13 empresas las que pasaron a la segunda ronda del concurso que la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, que encabeza Marina Robles, para edificar una planta de termovalorización de 1,000 toneladas diarias de residuos sólidos de en la estación de transferencia de basura de Azcapotzalco. Las comparaciones son odiosas, pero quién gane sólo dotará de una quinta parte de la Termovalorizadora del Borde Poniente que impulsó el gobierno de Miguel Mancera… pero que canceló -por supuesta corrupción- la nueva administración de Claudia Sheinbaum.