Santa Lucía, aeropuerto sobre las rodillas

Tras cancelar el NAIM con un posible costo de casi 332 mil millones de pesos para el patrimonio público, el Gobierno de México inició el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, “para el cual no hay normas, ni reglas para planear la construcción de un aeropuerto mixto, lo que puede presentar riesgos en el proceso de construcción y operación”, apunta la Auditoría Superior de la Federación, que dirige David Colmenares, que, agrega, esa terminal no tenía concesión de operación por parte de la SCT en julio de 2020.

Vaya, algo así como lanzar el Rover Perseverance sin saber a bien a bien dónde queda Marte.

A lo largo de las 116 páginas del reporte individual 2019_0067 de la ASF, se expone la premura con que se inició el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de las omisiones y deficiencias surgidas desde su concepción hasta la ejecución, por lo que abundan las recomendaciones para subsanar la falta de planeación y coordinación institucional.

Vaya, los auditores señalan que durante la gestión de Javier Jiménez Espriú, con el oficio Núm. 5.1.203.-170, la SCT informó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) asesoraba la construcción de la nueva terminal con base en las recomendaciones de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), encabezada por Fang Liu, para elaborar proyectos ejecutivos, diseño del espacio aéreo, seguridad operativa y vigilancia del proceso constructivo en coordinación con la Sedena, de Luis Cresencio Sandoval … pero la SCT no acreditó documentalmente tal coordinación.

Muchos planes, pero sin lana. Y al no incluirse los análisis de factibilidad urbano-regional de Santa Lucía, la Sedatu, de Román Meyer, tuvo que iniciar una auténtica maratón de análisis y estudios, empezando por el tropezado procedimiento con que la Sedena adquirió 1,091 hectáreas, y buscar soluciones específicas para la remediación ambiental y reconfiguración urbana.

Aunque la Sedatu elaboró la estrategia para el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (PTOZNVM), el auditor apunta que “no plantea el esquema efectivo de financiamiento, ni asegura o establece una secuencia en el tiempo respecto de la elaboración y conclusión de las acciones por lo que el PTOZNVM no contiene mecanismos para dar un seguimiento, evaluación y retroalimentación efectivos a cada uno de los programas y proyectos”.

Y en cuanto a los proyectos de accesos terrestres y sistemas de transporte masivo a la obra encomendada al general Gustavo Vallejo, la ASF señala que “la información presentada por las dependencias fue insuficiente para demostrar la consolidación del sistema integrado de movilidad relacionado con el AIGFA”, pues no especifica “tiempos de construcción y conclusión de las obras, así como los responsables de realizar las mismas y el esquema de financiamiento” cuando la primera fecha de apertura está prevista para marzo 2022.

Y hasta aquí, sólo la mitad de la auditoría.

Tren Maya, definición T-5. A diferencia de Santa Lucía, el proyecto del Tren Maya encomendado a Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, cuenta con planeación mucho más elaborada y programas de ejecución analizados y revisables. No obstante, como toda megaobra, enfrenta vicisitudes y cambios en los frentes de trabajo y operación: en los próximos días se definirá si el Segmento Norte del Tramo 5 (Cancún Aeropuerto-Playa del Carmen) será ejecutado por algunos de los 10 consorcios que recién presentaron ofertas económicas y técnicas… o por la Sedena. Lo que sí se definió es que se mantendrá la ruta original y no bajo la servidumbre de paso de las redes de transmisión de la CFE.

Trabajo-T-MEC. Y el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, que coordina Alfonso Bouzas, organiza discusiones con especialistas de Estados Unidos a fin de precisar los cambios en la legislación laboral en el marco del T-MEC. Por ejemplo, en un informe al Comité Laboral Interinstitucional y al Congreso de Estados Unidos, se destaca la importancia de aprovechar y fortalecer la relación del sindicalismo mexicano con el estadounidense para profundizar los logros de la reforma laboral en beneficio de las y los trabajadores de ambos países, a fin de un comercio equilibrado, sostenido por la productividad y no por la precariedad laboral.