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Mauricio Ibarra

Conapred, revisitado

STRICTO SENSU

Mauricio Ibarra
Mauricio Ibarra
Por:

En las últimas semanas el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha sido motivo de discusión en la plaza pública. Considerando la polarización de nuestro debate, sus defensores lo enaltecen como una agencia impecable, mientras que sus detractores consideran su existencia como un desperdicio de recursos. Presentaré algunos elementos de su actuación, orientados a mejorar su funcionamiento.

Nadie puede negar, sin incurrir en falsedad, que la sociedad mexicana es activamente discriminatoria. De las muchas paradojas que nos caracterizan como pueblo, una de las más intrigantes reside en que, a pesar de ser el resultado de un mestizaje de casi 500 años, nuestra vida cotidiana esté plagada de estereotipos. Las manifestaciones de superioridad de un grupo sobre otro están muy arraigadas, lo mismo en el lenguaje común que en el trato entre individuos, así como en los medios de comunicación.

El combate a la discriminación comenzó a figurar en la agenda pública en diciembre de 2000, cuando el presidente de la República envió una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos indígenas. Gracias al debate legislativo, se incluyó en la Constitución una cláusula que prohíbe la discriminación por diversos motivos. A principios de 2001, se creó una Comisión Ciudadana que, además de elaborar un diagnóstico sobre el fenómeno discriminatorio en sus diversas facetas, propuso una ley que permitiría combatirla, lo que dio origen al Conapred.

Debido quizá al entusiasmo de contar con una agencia pública encargada de combatir la discriminación, desde su inicio se minimizaron sus problemas de diseño. Por ejemplo, su competencia federal se traslapa con la de la CNDH. No hay reglas para determinar su actuación local, dado que actualmente 20 entidades federativas cuentan con oficinas estatales de combate a la discriminación. Opera en su contra también una limitada capacidad para imponer sanciones. Creo que su adscripción en la Segob ha sido fallida, pues su competencia, más que orientada a la gobernabilidad, está ligada a concretar una sociedad sin discriminación, lo que haría más adecuada su pertenencia a la Secretaría de Bienestar.

Desde la muerte de Gilberto Rincón Gallardo, titular desde la creación y hasta su muerte en 2008, el Conapred parece haber extraviado el rumbo. Mientras ha reivindicado los derechos de las trabajadoras domésticas (cuya regulación pertenece al ámbito laboral), ha actuado ambiguamente respecto a la diversidad sexual. No apoyó el reconocimiento del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, ni ha hecho nada para impedir la práctica de la afición futbolística que desde hace años viene gritando “puto” al portero en los estadios.

Poniendo más atención al tribunal de las redes sociales que al combate legal a la discriminación, el Consejo ha devenido una policía del pensamiento. Nada ejemplifica mejor esto que su actuación en 2016, cuando ejerció sus atribuciones para solicitar al entonces director de TV UNAM, no sólo que se disculpara por el contenido de un artículo de opinión sobre el cantautor Juan Gabriel, sino también que en el futuro se abstuviera de manifestarse en términos ofensivos.