Demócratas y republicanos: coincidencia peligrosa

En mayo de 2021, el congreso de Texas, mayoritariamente republicano, aprobó una ley que prohíbe absolutamente el aborto después de seis semanas de gestación. La norma no prevé excepciones, ni siquiera si el embarazo es resultado de una violación o si la salud de la madre está en peligro.

Aun cuando otras legislaturas locales han aprobado prohibiciones similares, esta ley alcanzó gran notoriedad al determinar responsabilidad civil hacia las mujeres que abortaran, así como contra quienes les ayudaran a hacerlo. Además, la norma añade un remate que raya en la crueldad: autoriza a cualquier individuo a demandar civilmente a las mujeres que aborten, así como a quienes les auxilien, recompensándolo con una suma de hasta 10 mil dólares. Con ello, se transfiere el cumplimiento de la ley a los particulares, convirtiéndolos en vigilantes dotados de ciertas atribuciones sin que sean autoridades legítimamente constituidas. Buena parte de las críticas a la ley texana se centró en considerarla una clara muestra de “vigilantismo”, definido éste como la reivindicación del derecho a la autodefensa cuando el Estado es incapaz de proporcionar seguridad.

Al tratarse de una ley aprobada por la mayoría republicana en Texas, podría pensarse que se trató de una táctica conservadora. No es así. Los demócratas han actuado de manera similar. Hace un par de semanas, senadores de California incurrieron en la misma táctica que anteriormente condenaron. Con relación al resto de Estados Unidos, los californianos tienen una probabilidad menor de morir en tiroteos masivos. No obstante, el control de las armas de fuego es un tema prioritario de la agenda pública. El gobernador Newsom (demócrata) firmó el pasado 22 de julio más de 10 instrumentos legales al respecto, mismos que restringen la publicidad dirigida a menores, ordenan mayores inspecciones a los vendedores y prohíben por 10 años poseer armas a quienes sean condenados por abuso infantil.

La pieza más importante es la Ley 1327, que recibió el visto bueno del congreso californiano, mayoritariamente demócrata. Ahí se establece un mecanismo idéntico a la ley texana anteriormente mencionada. Según ella, cualquier persona puede demandar a quien distribuya armas de asalto ilegales, a los vendedores de partes que puedan utilizarse para hacer armas y a quienes lo hagan con pistolas sin números de serie o fusiles calibre .50. También puede llevar a juicio a los vendedores legalmente establecidos que vendan armas a menores de 21 años. A fin de incentivar su cumplimiento, la Ley 1327 recompensará con hasta 10 mil dólares por arma, más gastos legales, a quien gane el juicio.

La interrupción voluntaria del embarazo y la posesión de armas de fuego son temas controversiales. Es entendible que tengan partidarios y detractores. También lo es que sus representantes legislativos intenten que sus argumentos se reflejen en las leyes. No hay problema con eso. Lo condenable de los senadores de Texas y California, independientemente de la filiación partidista, es que coincidan en transferir a vigilantes el cumplimiento de la ley.