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Mauricio Ibarra

La tercera es la vencida

STRICTO SENSU

Mauricio Ibarra
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Por:
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Desde 1994 la Constitución determinó que los juzgadores federales serían nombrados y adscritos con base en criterios objetivos, de acuerdo a requisitos y procedimientos legales.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial federal establece que la carrera judicial se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. También señala que el ingreso y la promoción de magistrados y jueces deben llevarse a cabo por medio de concursos de oposición que pueden ser internos o libres. Los primeros están restringidos exclusivamente a los integrantes de la carrera judicial federal, mientras que en los segundos pueden participar quienes cumplan los requisitos establecidos en las convocatorias.

La brecha entre lo previsto en las normas y la realidad respecto a la carrera judicial es inmensa. La mayor parte de los concursos han sido internos. Una investigación de 2019 del académico Julio Ríos mostró que, entre 1995 y 2016, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sólo abrió a la libre competencia el 13% de dichos concursos. Otro problema es el desmedido nepotismo prevaleciente en los circuitos judiciales. Un análisis difundido en 2017 por el entonces consejero Felipe Borrego mostró que 112 jueces y magistrados aprovecharon sus puestos para conseguir empleo a sus parientes directos. Esto significa que, en la práctica, para ser juzgador federal es casi indispensable trabajar en la judicatura y ser pariente de un juez o magistrado.

La carrera judicial ha enfrentado, además, obstáculos derivados de irregularidades en los concursos. En mayo de 2013 varios aspirantes a jueces impugnaron sus resultados, pues algunas de sus respuestas correctas fueron calificadas como erróneas. Sus inconformidades provocaron la salida del entonces director del Instituto de la Judicatura, magistrado Leonel Castillo. En noviembre de 2015 otro director del instituto, el magistrado Julio César Vázquez Mellado, renunció debido a errores que obligaron a eliminar la tercera parte de las preguntas respondidas por los participantes del concurso para nombrar magistrados. Más recientemente, en febrero de 2018, un tercer director del instituto, el magistrado Salvador Mondragón Reyes, renunció luego de haberse detectado la venta del examen para designar jueces de distrito.

En 2013 y 2015, el CJF dejó pasar las irregularidades: a la fecha, el magistrado Leonel Castillo es integrante de un tribunal colegiado. Algo similar ocurrió con el magistrado Vázquez Mellado, pues a su salida del instituto regresó a integrar un tribunal colegiado y actualmente está jubilado. El 5 de agosto pasado los nuevos consejeros decidieron sancionar al magistrado Mondragón Reyes, quien, hasta ese día, integraba un tribunal colegiado en Tabasco. El consejo lo encontró responsable de la filtración y comercialización del examen del concurso interno de oposición de 2018. De ahí que decidiera destituirlo e inhabilitarlo para ocupar cargos en ese poder durante 10 años. Se trata de una decisión acertada para marcar un alto a la impunidad. Si bien merecen ser felicitados por ello, también hay que recordarles que queda mucho por hacer para castigar el nepotismo y la corrupción prevalecientes.