Avanza Lucha Contra Desaparición Forzada

El Senador Ricardo Monreal continúa con el recuento de las actividades legislativas más importantes del pasado periodo de sesiones y a través de un video difundido en sus redes sociales se refirió a la aprobación de la declaratoria para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada en México.

En este sentido, el legislador destacó que este es un acto significativo y fundamental porque se pudo hacer realidad una lucha de muchos años que evitará que hechos como el de Tlatlaya, o Ayotzinapa se vuelvan a repetir.

Monreal explicó que, con esto, dicho organismo podrá intervenir y aceptar denuncias sobre personas desaparecidas y hacer recomendaciones al Gobierno mexicano, no sólo para la búsqueda de las personas desaparecidas, sino incluso para reparación de daños contra las víctimas.

Cabe recordar que antes de la aprobación de este instrumento jurídico ningún familiar, abogado o amigo de las víctimas podía interponer denuncias o reclamos ante este organismo internacional por lo que el hecho de lo haya aprobado el Senado es de vital importancia pues hasta 2019, el número de desapariciones forzadas fue de 61 mil 200.

Así con este instrumento las familias y amigos de hombres y mujeres que han desaparecido, como periodistas, luchadores, ambientalistas o simplemente dirigentes sociales de distintas partes del país, podrán tener acceso a la justicia.

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Revocación de mandato en el aire

La “macabra” intención del Gobierno federal de marcar la ruta de aplicación del presupuesto del Instituto Nacional Electora (INE) es una flagrante violación al sistema democrático mexicano, pues pretender ahocar financieramente a un órgano autónomo y es un intento por doblegar y acallar las voces disidentes, aseveró el representante del PAN ante el organismo, Víctor Hugo Sondón.

Acusa que estos “perversos” intentos para destruir al INE están coordinados entre el Gobierno federal y sus dependencias, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el partido Morena, sus partidos aliados y los diputados de sus fracciones parlamentarias.

“No es casualidad que un día y al otro también sus posturas y posicionamientos están perfectamente coordinados en una agenda política de violencia contra la autoridad electoral”, afirmó Sondón.

Después de la presentación de la propuesta del Ejercicio de Austeridad entregado ayer en el INE, el presidente de la Cámara de Diputados, de extracción morenista, subió un video a sus redes sociales donde condenó las prestaciones y condiciones laborales, no de los 11 consejeros electorales, sino únicamente del consejero presidente, Lorenzo Córdova y de Ciro Murayama.

Sondón detalla que la propuesta del Gobierno federal con la cual supone un ahorro de dos mil 972 millones pesos en tres rubros: Sueldos y salarios con un ajuste de 718.8 millones de pesos; en gastos de operación mil 384.5 millones de pesos y por concepto de fideicomisos de 868.7 millones de pesos es una propuesta injerencista muy alejada de la realidad que tiene el INE.

Sin embargo, al paso que va, la consulta sobre revocación de mandato tendrá que hacerse a mano alzada. El Gobierno federal insiste en cargarle los muertos al INE mientras que el instituto se defiende como puede de la andanada de bots generada a partir de las homilías mañaneras.

El plan de austeridad que presentaron ayer la Secretaría de Hacienda y la de la Función Pública resultan hasta inocente. Nomás faltó que les pidieran a los trabajadores del INE no pedir aguacate ni limón en sus comidas porque están muy caros.

Con todo y recomendación que se vio como orden, el INE entregó ayer su propuesta de ampliación presupuestal por 1,738 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda. Y mientras le sueltan la jauría a Lorenzo Córdova y compañía, el Gobierno se niega a tocar o sugerir un recorte a los multimillonarios presupuestos de los partidos políticos.

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Garantizar el cumplimiento del marco normativo en materia de discapacidad es un tema que requiere atención inmediata, ya que los derechos de este sector poblacional se han quedado en letra muerta, a causa del poco interés que se ha mostrado por hacer valer la ley, señaló la diputada federal Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI).

La integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en esta LXV Legislatura, pidió al Congreso de la Unión que implemente las medias necesarias para que la legislación concerniente a las personas con discapacidad sea aplicada.

Además, la legisladora duranguense emitió un exhorto al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Bienestar para que informen sobre el proceso de designación del titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), y la integración de la asamblea consultiva; igualmente, el estado en que se encuentra la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

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A casi 4 semanas de la detención infundada de José Manuel del Río Virgen en Veracruz, la cloaca de violaciones a los Derechos Humanos y la fabricación de delitos contra opositores políticos o simples ciudadanos quienes son impunemente extorsionados por las policías, fluye sin freno.

Integrada la Comisión pluripartidista Especial para la Investigación de esos delitos en aquel estado, su presidente, Dante Delgado, no deja de recibir reportes y expedientes de estas violaciones.

Acompañado por el morenista Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; por el senador panista veracruzano Julen Rementería; por la tlaxcalteca y ex presidenta del PRI, Beatriz Paredes; por Raúl Bolaños, del PVEM; por Miguel Ángel Mancera por el PRD; y por Sasil de León, del PES el ex gobernador de Veracruz y líder de MC, el senador Dante Delgado, informó ayer que todos los días se suman nuevos casos. Este flujo de expedientes deja abierto un método utilizado por policías y otros del poder judicial sería el siguiente:

La policía detiene y consigna a las víctimas ante un agente del Ministerio Público, quien a su vez remite ante un juez a sus víctimas. Ahí inicia el calvario.

Si los detenidos no entregan una cantidad exigida por policías para desechar la denuncia fabricada por ellos, entonces siguen con el proceso de consignación independientemente de que no existan pruebas del delito supuestamente cometido.

Tal fue el caso del diputado federal Rogelio Franco Castán, diputado federal electo del PRD quien fue capturado inicialmente hace ya 10 meses por el delito de ultrajes a la autoridad contra las instituciones de Seguridad Pública, en el distrito judicial de Tuxpan, Veracruz.

Luego, como por magia, aparecieron «otros delitos». Uno más por extorsión y abuso de autoridad -esto contra la administración de justicia, en el distrito de Xalapa- y luego un tercer delito por peculado equiparado.

La Comisión presidida por Dante Delgado ya recibió denuncias de por lo menos 50 casos de abuso de autoridad. Frente a esta cloaca es que el gobernador morenista veracruzano Cuitláhuac García «aceptó» la recomendación de la CNDH para iniciar el proceso de abrogar el delito de ultrajes a la autoridad. De ese tamaño se aplica la violencia en Veracruz contra todo Aquel proteste, que señale excesos del gobierno jarocho.