Covid-19 en Latinoamérica: efectos colaterales en Brasil y El Salvador
Los gobernantes actuales serán prioritariamente evaluados en las urnas y en la Historia por lo que hayan hecho para proteger a su población de la pandemia. En esta ocasión me refiero a decisiones tomadas por los presidentes de Brasil y El Salvador.
Crisis política en Brasil. Cuando se haga el recuento del desempeño de los líderes mundiales sobre la pandemia, sin duda, Jair Bolsonaro estará, por diversas razones, en la terna de los más irresponsables.
Bolsonaro es, además, el único responsable de la crisis política que se encuentra en desarrollo en Brasil, a la par de la sanitaria. En la segunda quincena de abril renunciaron Henrique Madetta como ministro de Salud —por las irreconciliables visiones sobre el enfrentamiento y mitigación de la pandemia— y el influyente ministro de Justicia Sergio Moro. Como se recordará, el polémico exjuez Moro fue una pieza clave durante la investigación del caso de corrupción Lava Jato y el juicio que derivó en el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por un lado, así como el impeachment y la destitución de Dilma Rousseff. Moro se fue acusando a Bolsonaro de querer interferir en investigaciones realizadas por la policía federal a diputados de su partido, además de invervenir políticamente en dicha cooporación de seguridad.
Encima de todo lo anterior, Bolsonaro profundizó el conflicto con los gobernadores de oposición, incitó a sus seguidores a suspender al Supremo Tribunal Federal y al Congreso y, por si fuera poco y para polemizar más, fustigó a la OMS por su actuación y las recomendaciones del órgano rector mundial en materia de salud, al señalar que “incentiva la masturbación y homosexualidad entre niños”. Una nueva muestra de lo ignorante y retrógrada que es el presidente de Brasil.
Crisis de seguridad y derechos humanos en El Salvador. Dieron la vuelta al mundo el discurso y las polémicas imágenes sobre el trato que se está dando a prisioneros en centros penitenciaros en El Salvador. Justificando el uso de la fuerza letal, Nayib Bukele adoptó decisiones muy polémicas para tratar de resolver algunos de los más graves problemas que arrastra su país en lo que va del siglo: la crisis de inseguridad (narcotráfico, sicariato, secuestros y extorsiones) provocada por las organizaciones delictivas denominadas maras y el control que éstas ejercen en las cárceles.
Bukele elevó la apuesta por el incremento en la violencia suscitado en días recientes. En una acción que hubiera sido impensable antes de su ascenso a la presidencia el año pasado, el presidente salvadoreño ordenó mezclar y confinar a convictos de pandillas rivales (las tres principales, Mara Salvatrucha, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños) sin tomar ninguna precaución de aislamiento por el Covid-19 en cárceles que, de por sí, presentan elevados índices de hacinamiento. Están puestos todos los incentivos para una nueva y violenta bomba de tiempo. El mensaje parece ser claro: que se neutralicen las pandillas a costa de lo que sea, un brote infeccioso o ajustes de cuentas entre ellas. Todo ello en espacios del Estado salvadoreño, con la connivencia de sus funcionarios. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Matarlos de hambre?