La anoréxica inversión pública

De acuerdo con datos de la SHCP, al mando de Carlos Urzúa, de enero a mayo de este año, la ejecución del Presupuesto Federal en obra pública en las 10 principales dependencias del Gobierno suma 68,146.4 mdp, de los 381,852.1 millones aprobados para 2019… o sea, sólo 17.8%; menos de la mitad de los recursos que inercialmente se hubiesen ejecutado cualquier otro año.

Ciertamente que en todo inicio de Gobierno (y más de régimen) se rezaga la ejecución de la inversión pública, pero esta vez resulta extrema, pues en esos mismos cinco meses, la industria de construcción cayó 2.5% y perdió cerca de 100 mil empleos. Conforme a los datos oficiales procesados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que preside Eduardo Ramírez, sólo a SCT, a cargo de Javier Jiménez Espriú, invierte a ritmo acelerado (arriba del ritmo inercial) de 43.5%, siendo el AICM, a cargo de Miguel Peláez; la Administración Portuaria Integral, a cargo de Héctor López; y CAPUFE, que lleva Genaro Utrilla, las que admirablemente sobrecumplen las metas de inversión. Y especialmente importante, SCT sólo ha hecho asignación de 1% de sus contratos, pues 83% ha sido por licitación y 16% con invitación a cuando menos tres tiradores. En las demás dependencias registran niveles de inversión notoriamente bajos: Salud, de Jorge Alcocer, 31.7%, Sader de Víctor Villalobos 13.75%, CFE de Manuel Bartlett, 9.9%, ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez, 5.2%; e IMSS, de Zoé Robledo, sólo 3.8% del dinero para construir y rehabilitar hospitales y clínicas. El nivel más bajo es de 0.6%, para Fonatur, que se explica por su fase de análisis y planeación del estratégico Tren Maya. Adelgazar la inversión hará que el problema no sea el raquítico crecimiento del PIB en 2019, sino la pérdida de músculo a largo plazo.

CFE busca 800 mdd; va por Carso y Fermaca. El fondo del proceso de arbitraje que el abogado de CFE, Raúl Jiménez, presentó a IENOVA, que preside Carlos Ruiz Sacristán, es que la paraestatal busca que los costos de gestión y resolución de conflictos los asuma la empresa privada; por ello desea suprimir cláusulas sobre asunción de costos de causas fortuitas o fuerza mayor. Y mientras IENOVA no acepte las cláusulas, CFE no reembolsaría 800 mdd a la constructora del gasoducto Texas-Tuxpan; aunque se calcula que ha pagado 100 millones de dólares. Este pleito, explica el comisionado de la CRE, Luis Guillermo Pineda, se hace extensivo para los gasoductos de Fermaca, de Fernando Calvillo; y para Carso Energy, que lleva Antonio Gómez… y ello derivaría en romper los contratos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció respetar, así como a no poner en marcha tres ductos que elevarían 70% la capacidad de abasto de gas natural importado y liberar el vital insumo para evitar apagones en las penínsulas de Yucatán y Baja California.

Cae la hipótesis del “testigo protegido”. Dada la vehemente y vasta defensa que Javier Coello hace de su cliente, Emilio Lozoya, se cae sola la versión de que el exdirector de Pemex sería “testigo protegido” en EU para fincar responsabilidades al expresidente Peña.