La otra dominación
Uno de los problemas que tenemos en México, dado el peso en nuestros imaginarios de eso que algunos llaman la “larga noche neoliberal”, y por efecto de nuestros propios parroquialismos —culturales, geopolíticos o ideológicos—, es considerar lo “neoliberal” como el único (o principal) rostro que pueden adoptar procederes políticos excluyentes, enajenantes y dominadores en las tierras de nuestra América. Leamos un poco de teoría política e historia contemporánea, miremos con otros lentes al vecindario y ampliemos —más allá de los impresentables Trump o Bolsonaro— nuestro catálogo de espantajos americanos.
Veamos el caso terrible de la Venezuela actual. Asumiendo incluso —erróneamente— que la democracia electoral fuese meramente un “asunto burgués”, el saldo del chavismo es un desastre en aquellos temas caros a la izquierda. La justicia social es vulnerada con el crecimiento de la pobreza que alcanza hoy al 85 por ciento de la población, en medio de una economía ineficazmente estatizada, lastrada por niveles inéditos de escasez e inflación. El medio ambiente —antes afectado por la economía petrolera del Estado rentista— es víctima del extractivismo, la minería ilegal y las explotaciones en áreas sensibles, como la Faja del Orinoco y el llamado Arco Minero. El indigenismo está en jaque con la persecución oficial de comunidades aborígenes, como los waraos y pemones, asesinados por militares y bandas al servicio del gobierno. La participación popular ha sido sistemáticamente despojada de autonomía: la promesa de los Consejos Comunales languideció por el peso de la mala gestión administrativa y la sujeción política a la ideología y designios del Estado/partido madurista.
Bajo el signo de un pervertido progresismo, en la Latinoamérica posneoliberal asistimos a la consolidación de nuevas formas de dominación que desnaturalizan, subordinan y distorsionan las lógicas y demandas —redistributivas, ciudadanizantes— de movimientos sociales originariamente identificados con un rescate de la justicia social, el rol del Estado y la expansión e innovación democráticas. Maduro y Ortega —como antes los Castro— han construido modelos políticos caracterizados, cada vez más, por sus rasgos estatistas, autoritarios y personalistas. Regímenes antiliberales y pseudorepublicanos; en suma, antidemocráticos. Y en tanto resulta precario contraponer la defensa de la inclusión social y respeto al ejercicio integral de los derechos políticos de mayorías y minorías, lo que bajo estos regímenes se construye no es otra cosa que una hegemonía estatal no equiparable —sino, más bien, enajenante— a cualquier visión de hegemonía progresista, pensada en clave del pensamiento de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y otros autores afines.
Tal deriva presagia escenarios muy hostiles para quienes propugnen una mayor democratización de la vida política. Y constituyen caldo de cultivo al estallido de situaciones de conflicto que ponen en riesgo la convivencia al interior de esas sociedades. Convivencia que debería hallar formas virtuosas —plurales, pacíficas, democráticas— de concreción, para que el gobierno de los hombres y la administración de las cosas dejen de ser patrimonio exclusivo de élites hegemónicas. Ésas que dicen gobernar(nos) en el nombre del pueblo, con la complicidad activa o ingenua de un sector de nuestra progresía intelectual.