El diputado de Morena, Miguel Ángel Mercado Escartín, propuso que se castigue el robo de agua hasta con seis años de prisión, pues consideró que hay vacíos en el Código Penal local que dan pie a que las personas comentan este delito.
Desde el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el legislador guinda comentó que este delito ha detonado en la capital y se convirtió en un problema que urge atender, por ello, sugirió tipificar el robo de agua en el Código Penal para el Distrito Federal.
- El Dato: Durante la época de estiaje del año pasado, el Sistema de Aguas de la CDMX alertó sobre el uso de tomas o bombas de succión clandestinas de líquido
“Actualmente, el Código Penal aplicable en la Ciudad de México no contempla de manera específica el robo de agua como un delito, lo que genera un vacío legal que impide sancionar adecuadamente a quienes sustraen el líquido de manera ilegal”, dijo.
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De acuerdo con el diputado capitalino, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) reportó un aumento en las tomas clandestinas del recurso, ya que de 2018 a 2024 recibió mil 348 denuncias agua en las 16 alcaldías.
Los datos, precisó el morenista, muestran que del total de trámites sólo acreditó 153 tomas clandestinas en colonias ubicadas en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.
En febrero de 2024 la dirección General de Servicios a Usuarios del Sacmex informó a un ciudadano, vía transparencia, que en 2023 detectó 31 tomas clandestinas de agua, entre ellas nueve estaban distribuidas en cinco colonias de Tlalpan, cinco en Iztapalapa y cuatro en Miguel Hidalgo.
La iniciativa detalla que las sanciones van desde los dos años hasta los ocho años de prisión, en este caso sobre la extracción, distribución y comercialización de manera ilegal del agua potable.
Mercado Escartín comentó que el hecho de que no haya claridad en la ley permite el desvío de caudales y manipulación indebida de la infraestructura hidráulica, lo que provoca pérdidas millonarias, así como una distribución desigual del recurso.
La iniciativa del diputado morenista fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con el objetivo de que sea analizada y, posteriormente, dictaminada.
