Juan Jesús “N” fue vinculado a proceso por el presunto feminicidio de Edith Guadalupe, el juez le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Norte y fijó un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria; la siguiente audiencia se prevé para mediados de septiembre.
Antes y después de la resolución judicial, la defensa del imputado sostuvo que su cliente carece de conocimientos técnicos necesarios para manipular el sistema de videovigilancia del edificio ubicado en Avenida Revolución 829, como lo señaló la Fiscalía capitalina.
- El Tip: la Fiscalía capitalina señaló que Juan Jesús “N” presentaba lesiones en la mano y rasguños en el abdomen, lo cual evidenció resistencia durante el ataque contra la víctima.
En la audiencia del día de hoy no se presentaron los familiares de Edith Guadalupe y las autoridades judiciales no permitieron la entrada de los familiares de Juan Jesús “N”.
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El viernes 17 de abril de 2026, elementos de la Policía de Investigación localizaron sin vida a Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.
Edith Guadalupe Valdés había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles 15 de abril, tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo.
Defensa insiste en fallas técnicas y niega manipulación de evidencia
Pese a la resolución, la defensa del joven vigilante del edificio 829 de Avenida Revolución sostuvo que no existen pruebas de que el hombre de 24 años haya manipulado el sistema de videovigilancia del inmueble, como ha señalado la Fiscalía capitalina.
“Estudió hasta la secundaria, entonces no tiene conocimiento para hacerlo. Traemos información que contradice lo que dice (Bertha) Alcalde, que supuestamente él borró fragmentos”, declaró su abogado, Julián González Velázquez.
Además, explicó que, de acuerdo con la carpeta de investigación, el disco duro de las cámaras presentaba fallas previas y que pudo ser un daño súbito, posiblemente por la antigüedad del equipo y no por una manipulación humana.
“De acuerdo con libros científicos y con el lenguaje técnico de los sistemas informáticos, existen terminologías que vamos a presentar ante el juez para demostrar que no hubo un borramiento”, afirmó.
Añadió que estos registros técnicos, incluidos en manuales y software, respaldarían el argumento de que el sistema no fue alterado deliberadamente.
Las declaraciones de la defensa contrastan con lo expuesto el pasado 20 de abril por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, quien aseguró que hubo una “manipulación deliberada del sistema”, con la finalidad de ocultar el traslado del cuerpo y otros indicios relacionados con el crimen.
De acuerdo con las autoridades, la única forma de desconectar el sistema de videovigilancia era desde la caseta de vigilancia. Precisaron que esto ocurrió entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, periodo en el que la víctima ingresó al inmueble, y reportó cortes adicionales en tres intervalos: de 1:00 a 1:10, de 3:00 a 3:15 y de 5:10 a 5:35 horas.
Frente a ello, la defensa señaló inconsistencias en la hora de muerte de la víctima, explicó que, de acuerdo con la Fiscalía, el cuerpo fue hallado 38 horas después del deceso; sin embargo, en la caseta de vigilancia se localizó una mancha hemática descrita como fresca, lo cual, afirmó, no es compatible con ese lapso, pues la sangre se pudo secar o presentar grietas.
A estas inconsistencias sumaron contradicciones en los testimonios: mientras un trabajador del edificio afirmó que vio al acusado mientras limpiaba de forma inusual, otro aseguró que no recibió ningún reporte y que el vigilante se retiró con normalidad. Asimismo, se entrevistó a habitantes de al menos cinco departamentos; ninguno observó algo relevante.
La defensa descartó que exista evidencia de que la víctima fue llevada al lugar mediante engaños y afirmó que el imputado no la conocía. El equipo legal sostuvo que el imputado podría enfrentar una pena de hasta 40 años de cárcel, por lo que pidió cautela en la difusión del caso: “estamos peleando por una libertad de casi 30 años, les pedimos empatía y comprensión. Por ahora debe haber secrecía”.
En la audiencia de este miércoles no se presentaron familiares de Edith Guadalupe, y tampoco se permitió el acceso a los familiares del imputado.
Cabe señalar que, en lo que va del año, la Ciudad de México acumula 11 feminicidios: cuatro en enero, cuatro en febrero y tres en marzo. De éstos, tres fueron cometidos con arma de fuego, cuatro con arma blanca, uno con otro objeto y tres no fueron especificados.
Sin embargo, la madre del acusado contó que cuatro días después de la detención de su hijo Juan Jesús pudo hablar con él y verlo, tras una visita al reclusorio Oriente, en donde pudieron verse dos horas, pero sin privacidad. “Él no sabía nada de nosotros, incluso el ayer lloró y él dice que sí es inocente”, dijo.
INICIATIVAS DE LEY. El 25 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de México presentó un paquete de reformas legislativas para reforzar el combate a la violencia contra las mujeres. Entre las medidas destaca la regulación de entradas y salidas de mujeres, niñas y niños en hoteles y moteles, con el objetivo de prevenir delitos como trata, abuso sexual, violación, feminicidio y transfeminicidio.
La iniciativa establece que los establecimientos deberán registrar el ingreso de toda persona menor de edad y de la persona adulta que la acompañe, además de exigir identificación oficial a quienes soliciten una habitación y contar con seguridad privada.
También contempla capacitaciones obligatorias para el personal, luego de que hoteleros reportaran casos de mujeres que llegan solas y que podrían ser víctimas de violencia.
Los costos de implementación correrán a cargo de los propios establecimientos, desde hoteles de alta gama hasta moteles en zonas periféricas.
En caso de incumplimiento, se prevén sanciones de entre tres mil y 10 mil UMA, así como clausuras temporales de 10 a 30 días si se detectan irregularidades.
En situaciones de reincidencia vinculadas con feminicidio, transfeminicidio o trata infantil, la autoridad podrá ordenar clausuras definitivas e iniciar procesos de extinción de dominio, en coordinación con el INVEA y las alcaldías.
Hasta ahora, el Gobierno de la Ciudad de México no ha detallado cómo se realizarán las verificaciones ni cuántos inspectores serán desplegados.
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