El PAN en la Ciudad de México anunció que entregará a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, un paquete de estrategias en contra del despojo, entre las cuales destacan la creación de una fiscalía y juzgados especializados, y tipificar el despojo organizado como un ilícito complejo.
En conferencia, la presidenta del blanquiazul local, Luisa Gutiérrez Ureña, y el diputado federal, Federico Döring Casar, indicaron que con estas propuestas se busca atacar a los defraudadores de distintos niveles, así como para ayudar a las víctimas.
El paquete de propuestas que Acción Nacional y diputados locales buscan entregar a la mandataria capitalina incluye también el crear la obligación de una audiencia urgente, para que en 72 horas se regrese el predio de manera provisional al propietario y congelar el inmueble en el Registro Público, en tanto no se resuelve el juicio.
Asimismo, el grupo panista plantea tipificar el arrendamiento falso, establecer mayores sanciones a notarios, obligar a la creación de mapas digitales sobre la georreferencia en las escrituras para atender temas de metros entre predios. También proponen dar prioridad a adultos mayores.
En la conferencia, los panistas coincidieron en que, presuntamente, desde el Registro Público de la Propiedad se entregan a criminales los datos sobre si un predio está habitado o no.
“Esta industria de despojo no se puede dar si no tiene una colusión de servidores públicos de distintas áreas. Eso es delincuencia organizada y se tiene que tratar como tal, no es un raterillo metiéndose a robar una casa, es una mafia”, dijo Döring Casar en su participación.
Sobre el delito de despojo, la fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó que, a menos de una semana de la puesta en marcha del reforzamiento de la estrategia contra este crimen, la autoridad recibió 30 denuncias, de las cuales sólo cuatro fueron identificadas como casos que ameritaban una reacción inmediata.
La funcionaria explicó ayer, durante la conferencia del Informe de Seguridad de julio, que otros ocho casos continúan bajo análisis, mientras que en 18 denuncias existen elementos que apuntan a que podrían tratarse de conflictos civiles y no propiamente de despojos.
