Afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la activista trans Kenya Cuevas criticó que durante años proporcionó a esta autoridad información sobre el paradero de Arturo “N”, presunto responsable del asesinato de la defensora de derechos y trabajadora sexual Paola Buenrostro, en 2016, pero hasta este 31 de agosto agentes detuvieron al sospechoso. “¡Yo fui quien les dio los indicios, por eso lo capturaron! Yo lo investigué, yo supe dónde estaba y se lo dije a esta fiscalía”, exclamó.
La luchadora social sostuvo que en repetidas ocasiones informó a distintos mandos del órgano autónomo que el hijo de Arturo “N” trabaja como policía del Estado de México y que el presunto responsable del crimen acudía cada fin de año a una vivienda cercana al Metro Balderas para reunirse con su madre.
De acuerdo con la activista, el inmueble estaba conectado con otras viviendas que podían facilitar una eventual huida.

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“Tardaron 10 años en ponerse a trabajar cuando el año pasado yo les di indicios de donde estaba el asesino. La fiscalía no ha hecho nada, por mí capturaron al asesino. En repetidas ocasiones hablé con el jefe general, con el otro y con el que está ahora, que no ha hecho nada. Con todos hablé”, afirmó a La Razón.
Agentes de la fiscalía local detuvieron al exmilitar, Arturo “N”, el 31 de agosto en Nicolás Romero, Estado de México, después de casi una década de búsqueda y de que se ofreciera una recompensa de medio millón de pesos por información que llevara a su captura.
Datos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans muestran que, en 2016, cuando Paola Buenrostro fue asesinada, hubo al menos cuatro transfeminicidios en la capital. Desde esa fecha y hasta septiembre de 2024 sumaban 35 casos.
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A días de que se cumplan 10 años del crimen en contra de Paola Buenrostro, este martes se llevó a cabo la audiencia de imputación en contra de Arturo “N”. Para Kenya Cuevas, lo que debió transcurrir de manera tranquila y como parte del proceso legal para hacer justicia no ocurrió así y no sólo su amiga fue revictimizada, nuevamente, por la fiscalía, también ella y otras testigos del asesinato ocurrido en Tlalpan.
Esto, porque una agente del Ministerio Público llamó a las víctimas por sus nombres y pronombres masculinos, con los que no se identifican.
La mujer calificó esto como un acto de revictimización y violación a su derecho a la identidad de género pese a los protocolos, lineamientos y mesas de trabajo que se han realizado para garantizar una atención con perspectiva de género.
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“¡Tuvieron 10 oportunidades para detenerlo y hoy que lo agarran hacen todo mal! Cuando ya se creía que en la carpeta de investigación era feminicidio, cuando ya se creía que los nombres jurídicos que presentamos las personas eran femeninos (...) ¡volvieron a ventilar mi nombre con el que no me identifico! ¡Esta es una viva revictimización a mis derechos humanos y una violación que ya venía plasmada en una recomendación, que era el derecho a la identidad!
“La justicia llega insuficiente, con violaciones a los derechos humanos, sin ninguna perspectiva de género. En balde tantos pinches diplomados que toma esta fiscalía”, expresó.
Debido a esta situación, activistas irrumpieron en el edificio de la fiscalía y protestaron dentro. Rompieron vidrios y mobiliarios; hicieron pintas y gritaron para exigir justicia para Paola Buenrostro, para que el crimen, que fue clasificado como homicidio calificado, se reclasifique como feminicidio, bajo el entendido de que en 2016 aún no existía la tipificación del transfeminicidio.

Las luchadoras sociales exigieron también la destitución inmediata de la fiscala de feminicidio, Brenda Celina Bazán Varela, a quien acusó de omisiones en el caso y cuestionó la capacitación en perspectiva de género del personal.
Kenya Cuevas comentó que en la audiencia rectificó y notificó a la Ministerio público que tenía que acudir a la juridisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el reconocimiento de la identidad después de que nombró mi nombre masculino.
El proceso contra Arturo “N” continuará el viernes, cuando se determine si será vinculado o no a proceso por su probable responsabilidad en el transfeminicidio de Paola Buenrostro. Quedó en preventiva en el Reclusorio Oriente.
MÁS RECLAMOS. Luego de la toma del edificio, Kenya Cuevas y otras 10 activistas ingresaron a una reunión con la fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, que se prolongó durante casi dos horas. Previo al término, la primera salió del edificio de la Policía de Investigación donde estaban y dijo que habían acordado la reclasificación del delito, entre otros puntos.
A la par, la fiscalía capitalina publicó en redes sociales una tarjeta informativa para indicar que la posibilidad de reclasificarlo a feminicidio permanece abierta.
Además, reconoció el derecho de las víctimas y activistas a manifestarse, pero también dijo que ninguna protesta puede justificar los daños a la institución y a personal. Las manifestantes rechazaron haber agredido a servidores y criticaron la criminalización al reclamo.
Sobre lo ocurrido durante la audiencia, la Fiscalía afirmó que toma con seriedad los señalamientos y reconoció que “cualquier error en la forma de dirigirse a las víctimas” no corresponde a los estándares de atención que exige a su personal.



