Una parte del riesgo sísmico de la Ciudad de México cambia aun cuando no tiembla. Nuevos estudios sobre el hundimiento del Valle de México muestran desplazamientos acumulados capaces de modificar las condiciones del terreno, mientras una investigación en Azcapotzalco identificó una franja de unos cinco kilómetros donde la deformación del suelo coincide con daños estructurales en viviendas, escuelas y otros inmuebles.
El trabajo más reciente de Geofísica Internacional apareció en abril de 2026. Alberto Jaime-Paredes, Gaspar Alcocer-Gómez y Juan Sandino Sanabria Pérez analizaron imágenes satelitales Sentinel-1 para medir tanto el descenso gradual del terreno como la deformación asociada a los sismos de septiembre de 2017. En las zonas de mayor afectación, el estudio estimó tasas de subsidencia de hasta 45 centímetros por año durante el periodo analizado.
- El dato: Las mayores deformaciones y hundimientos alcanzan entre 15 y 50 centímetros al año en alcaldías como: Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A Madero.
Los investigadores también encontraron desplazamientos súbitos, de entre uno y cinco centímetros, vinculados con el terremoto de 2017, con señales relevantes en sectores del Centro Histórico y en las inmediaciones de Xico. El trabajo atribuye el hundimiento regional principalmente a la extracción de agua subterránea y plantea que la vigilancia satelital puede seguir cambios lentos y las alteraciones provocadas por eventos sísmicos.
A esa escala metropolitana se suma un problema localizado. Los geólogos Felipe García Villegas, José Asunción García-Valle y Roberto Téllez Cabrera estudiaron, entre octubre de 2021 y septiembre de 2024, distintos puntos de Azcapotzalco donde aparecieron hundimientos diferenciales, inclinaciones y daños. Sus resultados, publicados en diciembre de 2025 por la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, delimitan una franja irregular de aproximadamente cinco kilómetros de longitud y hasta 1.5 kilómetros de ancho.
En esa zona, los investigadores documentaron edificios con niveles de riesgo medio o alto en unidades habitacionales y escuelas. Entre ellos: Xochináhuac, la Secundaria Técnica 98, CECATI 1, ESIME, CECyT 8 y el conjunto Jagüey-Pantaco. El inventario corresponde al trabajo de campo y no implica que todos los inmuebles conserven la misma condición que registraron en 2026, pues tenían obras de intervención, reforzamiento o demolición programadas.
Otra conclusión relevante para la planeación urbana. El equipo señaló que “el conocimiento que se tiene del subsuelo en Azcapotzalco no es suficiente” y sostuvo que la zonificación geotécnica existente no incorpora, de manera específica, la franja que identificaron. Los investigadores proponen estudiar con mayor detalle un antiguo paleocauce al que denominan Tepanecas para determinar su geometría, materiales y circulación de agua.
EFECTOS PROGRESIVOS. Un trabajo de investigadores, encabezados por Enrique Cabral-Cano, documentó tasas de hundimiento que en algunos sectores metropolitanos alcanzan medio metro anual y advirtió efectos progresivos sobre infraestructura urbana.
Otro estudio sobre la interacción suelo-estructura concluyó que los asentamientos diferenciales y la inclinación acumulada en el terreno pueden modificar la respuesta de los edificios frente a los movimientos sísmicos.
Protección Civil de la Ciudad de México ya incorpora el fenómeno en su sistema de información. El Atlas de Riesgos capitalino ha sido actualizado durante 2026 y contiene las capas de hundimientos, fallas, fracturas, condiciones geológicas y peligro sísmico.
La pregunta pendiente es si esos cambios del terreno llegan con la misma velocidad a los dictámenes estructurales, programas de mantenimiento y decisiones sobre inmuebles existentes en la capital del país.
Simulacro evidencia inclusión en sismos
| Por Elizabeth Hernández |
Casi medio millón de habitantes de la Ciudad de México enfrentan una emergencia sísmica con necesidades que una ruta convencional de evacuación no siempre resuelve. El simulacro nacional de este sábado trasladará parte de la prueba a hogares y comunidades, fuera del esquema habitual de oficinas y escuelas con brigadas organizadas.
El Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), último recuento completo disponible, identificó en la capital a 493 mil 589 personas con alguna discapacidad, equivalentes a 5.4 por ciento de sus habitantes. De ese grupo, 56.9 por ciento eran mujeres. La proporción aumentaba hasta 18.3 por ciento entre quienes tenían 60 años o más.
La norma federal NOM-008-SEGOB-2015 obliga a incorporar medidas específicas para personas con discapacidad en programas internos de Protección Civil. Su aplicación alcanza inmuebles donde estudian, trabajan o reciben atención y contempla registros que permitan saber quién necesita asistencia durante una emergencia. La plataforma oficial de normalización mantiene vigente esa disposición.
Sin ese registro, reconoce la propia guía federal, los responsables de un inmueble pueden desconocer cuántas personas requieren apoyo y qué tipo de ayuda necesitan. El censo previsto por la norma sirve para identificar limitaciones de movilidad, comunicación, visión, audición u otras condiciones que modifican la respuesta ante un desastre.
- El Tip: El sistema de alertamiento en teléfonos celulares funciona con tecnología Cell Broadcast (Difusión Celular).
De acuerdo con las coordinaciones de Protección Civil, una alerta audible, por ejemplo, no resuelve por sí sola la emergencia para una persona sorda. Una salida señalizada tampoco garantiza autonomía a quien utiliza silla de ruedas si el trayecto incluye escalones, desniveles o una puerta estrecha. En pisos altos, además, una evacuación que depende de asistencia humana exige personal suficiente y una ruta previamente definida.
A escala capitalina, los lineamientos de Protección Civil exigen programas internos para distintos tipos de inmuebles, entre ellos conjuntos habitacionales, hospitales, escuelas, edificios públicos y estaciones del Metro. El marco normativo también remite a criterios de accesibilidad y a la integración de medidas para población con discapacidad.
Más allá de México, la brecha aparece en los diagnósticos internacionales. Una encuesta de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, con seis mil 342 respuestas de 132 países, encontró que sólo ocho por ciento consideraba que los planes locales atendían las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Además, 86 por ciento dijo no haber participado en decisiones comunitarias sobre la prevenciónde siniestros. El ejercicio no representa estadísticamente a México, sin embargo, exhibe un problema global de inclusión en la preparación ante emergencias.
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