A nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el Colegio Enrique Rébsamen, en la alcaldía Tlalpan, permanece en obra negra, como una estructura detenida en el tiempo que mantiene presente el recuerdo de una de las tragedias más dolorosas ocurridas en aquel terremoto.
El plantel colapsó durante el sismo de magnitud 7.1 y dejó un saldo de 26 personas fallecidas: 19 niñas y niños y siete adultos. A casi una década de distancia, el inmueble continúa sin ser rehabilitado, mientras alrededor del predio permanecen las huellas de una tragedia que modificó para siempre la vida de familias, vecinos y comunidades escolares.
La imagen de la construcción inconclusa contrasta con los años que han transcurrido desde aquel 19 de septiembre. Para los habitantes de la zona, el inmueble no representa solamente una edificación abandonada: también es un recordatorio permanente de las horas de angustia que siguieron al movimiento telúrico y de las labores de rescate que se prolongaron entre los escombros.
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En julio pasado, una audiencia judicial volvió a colocar el nombre del Rébsamen en el centro de la discusión, luego de que Mónica García Villegas, exdirectora y propietaria del colegio, señalara que no cuenta con recursos para cubrir la reparación del daño establecida por la justicia. El predio donde se encontraba la escuela está sujeto a un proceso de extinción de dominio, por lo que un juez rechazó utilizarlo como garantía para cubrir ese pago.
En agosto, además, se abrió el juicio oral contra Juan Apolinar Torales, Director Responsable de Obra señalado en la investigación por el colapso. De acuerdo con el expediente citado en versiones periodísticas, el funcionario había suscrito en junio de 2017 documentos mediante los cuales afirmó que los inmuebles reunían las condiciones de seguridad necesarias para operar como colegio.
El caso permanece así como una herida abierta: el edificio no ha sido rehabilitado, las familias continúan enfrentando procesos relacionados con la reparación del daño y todavía existen procedimientos judiciales derivados de lo ocurrido.
Aníbal, padre de Patricio, uno de los alumnos que sobrevivió al colapso, ha señalado que las consecuencias de aquella mañana continúan presentes. En febrero de 2026, denunció junto con otras familias la suspensión o reducción de apoyos económicos destinados a sobrevivientes, recursos que, explicó, eran utilizados para atender secuelas físicas y psicológicas.
“Las dispersiones se hacen normalmente dentro de los primeros diez días hábiles. Cuando se cumplieron, varias madres me avisaron que no habían recibido nada”, relató el padre, al denunciar que decenas de familias habían dejado de recibir los recursos.
El impacto no sólo se mide en apoyos económicos. Una de las sobrevivientes, identificada como Luna, relató que todavía experimenta ansiedad cuando escucha la alerta sísmica. Explicó que durante el terremoto vio cómo una maestra quedó atrapada entre los escombros y que esa imagen permanece en su memoria.
Ivonne Carbajal, madre de Axel, uno de los alumnos que logró salir con vida, recordó que llegó al colegio pocos minutos después del terremoto y encontró un escenario irreconocible: “Salí corriendo y cuando llegué, ver la escuela fue horrible”. La angustia aumentó cuando no encontraba a su hijo entre el movimiento de padres, rescatistas y autoridades. Finalmente logró localizarlo.
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