Casi medio millón de habitantes de la Ciudad de México enfrentan una emergencia sísmica con necesidades que una ruta convencional de evacuación no siempre resuelve. El simulacro nacional de este sábado trasladará parte de la prueba a hogares y comunidades, fuera del esquema habitual de oficinas y escuelas con brigadas organizadas.
El Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), último recuento completo disponible, identificó en la capital a 493 mil 589 personas con alguna discapacidad, equivalentes a 5.4 por ciento de sus habitantes. De ese grupo, 56.9 por ciento eran mujeres. La proporción aumentaba hasta 18.3 por ciento entre quienes tenían 60 años o más.
La norma federal NOM-008-SEGOB-2015 obliga a incorporar medidas específicas para personas con discapacidad en programas internos de Protección Civil. Su aplicación alcanza inmuebles donde estudian, trabajan o reciben atención y contempla registros que permitan saber quién necesita asistencia durante una emergencia. La plataforma oficial de normalización mantiene vigente esa disposición.
Sin ese registro, reconoce la propia guía federal, los responsables de un inmueble pueden desconocer cuántas personas requieren apoyo y qué tipo de ayuda necesitan. El censo previsto por la norma sirve para identificar limitaciones de movilidad, comunicación, visión, audición u otras condiciones que modifican la respuesta ante un desastre.
- El Tip: El sistema de alertamiento en teléfonos celulares funciona con tecnología Cell Broadcast (Difusión Celular).
De acuerdo con las coordinaciones de Protección Civil, una alerta audible, por ejemplo, no resuelve por sí sola la emergencia para una persona sorda. Una salida señalizada tampoco garantiza autonomía a quien utiliza silla de ruedas si el trayecto incluye escalones, desniveles o una puerta estrecha. En pisos altos, además, una evacuación que depende de asistencia humana exige personal suficiente y una ruta previamente definida.
A escala capitalina, los lineamientos de Protección Civil exigen programas internos para distintos tipos de inmuebles, entre ellos conjuntos habitacionales, hospitales, escuelas, edificios públicos y estaciones del Metro. El marco normativo también remite a criterios de accesibilidad y a la integración de medidas para población con discapacidad.
Más allá de México, la brecha aparece en los diagnósticos internacionales. Una encuesta de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, con seis mil 342 respuestas de 132 países, encontró que sólo ocho por ciento consideraba que los planes locales atendían las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Además, 86 por ciento dijo no haber participado en decisiones comunitarias sobre la prevenciónde siniestros. El ejercicio no representa estadísticamente a México, sin embargo, exhibe un problema global de inclusión en la preparación ante emergencias.
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