Denuncian a Layda por desvío de 120 mdp

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, presentó ayer siete denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por el presunto desvío de recursos “por casi 120 millones de pesos” en el manejo de programas sociales y contratos de servicios, cuando fue titular de la demarcación.

Desde las instalaciones del órgano de justicia en la colonia Doctores, la alcaldesa acusó a su antecesora —quien gobernó Álvaro Obregón del 2018 al 2021— de incurrir en irregularidades administrativas, actos de corrupción, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

La alcaldesa detalló que presentó tres denuncias por el mal manejo de programas sociales con daños al erario por un monto de alrededor de 70.8 millones de pesos; tres por contratos de adquisiciones y servicios con un daño por más de 40 millones de pesos, y una más por un convenio con una organización civil, con afectación por poco más de 8.2 millones de pesos.

Junto a cuatro cajas de cartón que contenían una serie de “pruebas” que presentó ante la Fiscalía, Limón García acusó que dichos recursos debían llegar a la población por medio de apoyos sociales; no obstante, “no se cuenta con evidencia” de que hayan sido entregados.

Adelantó que también presentará denuncias ante la Contraloría General de la Ciudad de México, instancia a la que acusó de encubrir a la ahora gobernadora, toda vez que explicó que ya ha entregado otras 150 observaciones a actas de entrega-recepción, “de las cuales no hemos recibido respuesta”.

“Todo este dinero era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a los más necesitados de la alcaldía y lo desaparecieron, por eso estamos aquí, denunciando y dando cuenta de ello. Es lamentable que se haya hecho mal uso de recursos destinados a la gente más vulnerable y afectada por la pandemia”, advirtió.

Entre las irregularidades denunciadas está el caso de Mercomuna, un programa destinado a apoyar a familias vulnerables y a comercios locales, para el que se destinó un presupuesto de 31.2 millones de pesos.

Lía acusó que “no hay evidencia” de que los recursos hayan llegado a los ciudadanos ni se realizó el debido censo, pese a que la entonces directora de Finanzas de la demarcación, Aurora Yolanda Martínez, hizo cheques a su nombre por la cantidad destinada a ese programa y los cobró ella misma.

“Hizo cheques a su propio nombre que cobró ella o endosó a otros funcionarios públicos; hay cheques que son de 2.5 millones de pesos, de un millón y cacho, es decir, el dinero quedó ahí, no llegó a los más necesitados”, aseguró.

Lía Limón también reveló la existencia de un contrato con la empresa Walter David Patrón Bacan, por 3.4 millones de pesos, para servicios de Internet y redes sociales, algo que no se materializó, así como contratos por 36 millones de pesos para la adquisición de más de seis mil calentadores solares y de paso, que nunca fueron entregados por los proveedores.

Asimismo, la funcionaria denunció la existencia de un contrato con una asociación civil por 8.2 millones de pesos, para la instalación de puntos WiFi y digitalización de bibliotecas de la alcaldía, servicios sobre los que no hay constancia.

obras inútiles. En poco más de dos años que duró su gestión en la alcaldía Álvaro Obregón, Layda Sansores Sanromán dejó una herencia de obras millonarias, además de inservibles, en algunas de las zonas más marginadas de la demarcación.

Para dos de sus proyectos más ambiciosos, unas escaleras eléctricas y un funicular, ambos ubicados en la zona de barrancas, la entonces alcaldesa gastó alrededor de 119 millones de pesos, casi la misma cantidad por la que ayer fue denunciada.

Ambas obras fueron construidas con la finalidad de facilitar la movilidad de los vecinos de las zonas altas. Sin embargo, a la fecha ninguna de las dos está en operación.

El funicular, localizado en la colonia Estado de Hidalgo, junto a la barranca de Mixcoac, tuvo un costo de 53 millones de pesos y se puso en marcha en julio del 2021, no obstante, desde diciembre de ese año se mantiene inservible.

Lejos de ser un proyecto útil, el elevador se volvió un problema para los habitantes, por la colocación inadecuada de cables y por el ruido, lo que incluso generó la presentación de varias denuncias vecinales por contaminación sonora.

Esa obra, junto a unas escaleras eléctricas, que tuvieron un costo de 66 millones de pesos, forman parte del proyecto “Escalando vidas, tejiendo destinos”, con el que se buscaba apoyar a los habitantes de 18 colonias localizadas en los alrededores de la barranca.

Actualmente, las escaleras eléctricas tampoco están en uso, por lo que los vecinos continúan subiendo y bajando las escalinatas de cemento que están en los dos extremos de la calle correspondiente.

Las posibles irregularidades en torno a estas dos obras han sido denunciadas por la administración local actual ante la Contraloría capitalina así como por vecinos de la zona, quienes han interpuesto varios reclamos ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.