El exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, respondió ayer a la Contraloría de la CDMX —que lo inhabilitó del servicio público durante un año por promover la campaña presidencial del panista Ricardo Anaya en 2018— que impugnará esa decisión ante los tribunales.

El hoy coordinador de los senadores del PRD dijo que no había sido notificado oficialmente, sino que se enteró por la prensa, por lo que pidió tiempo para analizar las acusaciones y armar su defensa.

Sin embargo, la Contraloría General aseguró que el funcionario sí fue advertido. El “5 de octubre de 2020, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General se constituyó en el domicilio señalado por el C. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a esta dependencia, para oír y recibir todo tipo de notificaciones”.

Mancera Espinosa rechazó que haya cometido algún delito electoral: “se trató de una transmisión de spots promocionales en radio y televisión, que estuvieron al aire durante el proceso electoral de ese año”. En esos promocionales, dijo el exjefe de Gobierno, me pronuncié a favor del candidato del PAN a la presidencia de la República, Ricardo Anaya.

La Contraloría Capitalina emitió una tarjeta informativa en la que señala que la medida está activa desde el pasado 5 de octubre, cuando “se impuso la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la administración pública de la Ciudad de México por el término de un año”.

La medida se realiza en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó la sanción para Mancera.

De acuerdo con esa sentencia, el senador intervino de manera indebida en las elecciones presidenciales y “puso en riesgo la equidad de la contienda, vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad al que se refiere el artículo 134 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en la tarjeta.

En marzo de 2018, el PRI presentó una queja contra Mancera por la difusión de promocionales proselitistas.

La Primera Sala del TEPJ desechó la queja porque no encontró elementos que constituyeran una violación electoral, pero el PRI impugnó la sentencia y ésta se turnó ante la Sala Superior del tribunal, donde se ratificó el primer fallo pero se advirtió que si bien no había delito, sí se puso en riesgo a la contienda.

COSTO POLÍTICO A FUTURO

Pablo Lezama, especialista en temas electorales, explicó a La Razón que si bien se trata de una sanción por incurrir en una conducta violatoria, ésta no tendrá alcances en el cargo de Mancera como senador, pues el Tribunal no está facultado para sancionar por el hecho de haber promocionado a un excandidato presidencial.

Explicó que un vacío legal fue el que llevó al Tribunal a dejar la sanción en manos de la Contraloría, y es que no existe una ley que regule la forma en que operan las sanciones y de ahí establecer qué órgano es el que debe aplicarlas.

“Aquí el Tribunal determina que hay responsabilidad del exjefe de Gobierno y luego entonces le da vista a la Contraloría, para que ésta sea la que imponga la sanción, porque ya se ha establecido que, al no existir la ley reglamentaria, el tribunal no tiene facultad”, comentó.

Si bien la sanción no traerá consecuencias inmediatas, el experto consideró que el costó puede ser político, pues hay cargos en los que se exige no haber sido inhabilitado para ser candidato.

oat