Alerta desde el trópico

Dicen que Carlos A. Madrazo decía:

“El malvado no piensa…trama”.

Esa enigmática y confusa expresión viene a mi memoria cuando un querido y respetado amigo, que está luchando en su tierra por obtener una diputación federal, comenta los requisitos a cumplir: tener casa de campaña y representante financiero, comunicar su agenda diaria y comprar a proveedores registrados en el INE, con precios superiores a los del mercado; además, pagar capacitación a representantes en las casillas y apoyarlos económicamente el día de la elección.

Concluyo que su contrincante no es quien enarbola otra insignia política sino el cúmulo de obstáculos reglamentarios que debe salvar, para mantenerse en la liza electoral. Los requerimientos parecen estar destinados a liquidar las aspiraciones de quien no disponga de recursos casi ilimitados.

En estos días, representantes de los tres candidatos punteros al gobierno de Tabasco, han externado su molestia ante las medidas a las que deben sujetarse sus representados y han señalado que hay una sobrerregulación producto de un mal diseño jurídico, el cual fortalece una cultura de desconfianza en los ciudadanos, y una fiscalización excesiva que desemboca en farragosos procesos judiciales. Incluso advierten un sentimiento de persecución en los candidatos.

En el ámbito federal hemos visto una verdadera pugna entre el INE y el TEPJF, así como la aberrante aceptación como candidatos presidenciales de quienes violaron la ley.

Por último, y todavía más alarmante, está el diseño de las boletas electorales a las que deberemos enfrentarnos el 1 de julio, en las cuales debajo de los nombres de los candidatos aparecen los distintivos de todas las formaciones políticas que los respaldan, trátese de aspirantes a la presidencia de la república, diputaciones federales y locales, senadurías, gubernaturas y presidencias municipales. El margen de confusión y error, implícito en el diseño de esas verdaderas paletas multicolores, piezas centrales en la jornada electoral, se extenderá casilla por casilla.

Todo lo anterior abre de par en par las puertas a la ocurrencia de conflictos poselectorales.

Regreso a la expresión del Ciclón del Sureste y, creo que inútilmente, trato de dar respuesta a una larga pregunta: ¿los legisladores y reguladores de este galimatías han procedido por maldad o se detuvieron a pensar en lo que estaban aprobando o fueron parte de una trama destinada a agregar una situación de riesgosa inestabilidad a los múltiples problemas que hoy confronta la sociedad mexicana?

Por último, advierto con gran temor, la señalada falta de entendimiento entre quienes deben administrar el proceso (INE y los institutos estatales) y Tribunal federal encargado de atender las demandas inevitables en procesos de esta índole, sólo que ahora agravados, en el mejor de los casos, por la ausencia de reflexión y responsabilidad, o, en el peor, por el propósito deliberado de poner un valladar a la posibilidad de convivencia democrática.

Ojalá mis aprehensiones sean fútiles y pueda admitirlo en este espacio, el 3 de julio y después.